12 sep 2010

Sobreviviente del ataque militar en NL aún presenta las secuelas

Rebasé el convoy y eso fue todo; nos tiraron a matar

Familiares de las víctimas exigen justicia, no una disculpa


Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 11 de septiembre de 2010, p. 7

Todavía con miedo, Tomás Guadalupe Rodríguez Hernández recuerda el ataque militar al que sobrevivió. Va en silla de ruedas, lleva un collarín, y dos balas aún están alojadas en su cuerpo lastimado por las esquirlas: Tiraron a matar. Fueron muchas balas. Incluso cuando orillé el carro siguieron disparando. Era un convoy y pasamos a su lado. Lo rebasé a menos de 80 kilómetros. Eso fue todo.

Sin recuperarse, Tomás, de 28 años, salió del hospital para asistir al funeral de sus familiares asesinados por el Ejército: Vicente León Ramírez, de 52 años, quien trabajaba como carretonero y albañil, y Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15, estudiante de la preparatoria técnica.

El sepelio se realizó en las capillas Protecto Deco de San Nicolás de los Garza. El lugar está lleno y a Tomás se le ve aturdido.

La tristeza se refleja en su rostro lleno de heridas. Usa una gorra con una calavera al frente y varios agujeros en la parte superior: Las balas me rozaron la cabeza. Aquí está la prueba. Me salvé de milagro, dice mientras corren a su lado sus hijos Tomás Guadalupe, de nueve años, y Víctor Rodríguez, de ocho. Ambos resultaron levemente heridos en el ataque militar y ayer fueron dados de alta.

Su esposa Iliana de León Castellanos, hermana e hija de los fallecidos, sostiene visiblemente afectada que están hartos de la manipulación que intentan hacer funcionarios del gobierno; no hubo retén militar, ni un alto por parte de los soldados. Lleva en la mejilla un parche que cubre una profunda herida: Duraron mucho rato disparándonos. El carro quedó arriba del camellón cuando hirieron a mi esposo. No entiendo por qué dicen que era un retén. ¿Por qué mienten? ¡Ya basta de mentiras! ¡Queremos justicia, no una disculpa!.

La sala uno de la funeraria fue destinada para el velorio de las víctimas del Ejército. Los dos féretros, uno de madera y el otro de acero, están rodeados de flores. Patricia Castellanos Corpus, madre y esposa de los fallecidos, está sentada en uno de los sillones. No habla ni llora. Apenas repite lo que ya ha dicho hasta la saciedad: No había retén. No nos hicieron ningún alto. De unos discretos sollozos surge de pronto el grito desgarrado de la madre de Vicente, al llegar al lugar.

El sacerdote Guillermo Reyes Romo se dispone a oficiar la misa. Dice que conocía a Alejandro desde niño, que él le dio su primera comunión. En la homilía aprovecha para señalar que Monterrey vive tiempos malos, llenos de tensión, y fruto de esa tensión son estos dos asesinatos. El presbítero elevó las oraciones para alcanzar la paz y recomendó a los asistentes pedir para que Dios toque el corazón de quienes matan provocando sufrimiento, olvidando que todos somos hermanos.

El padre Reyes es contundente: La patria necesita una vida digna. Al terminar la misa añade en entrevista: Hay muchas preguntas en el aire. El pueblo tiene que hacerle una pregunta al Ejército: ¿Rebasar un convoy en la carretera significa sentencia de muerte? Históricamente en México entenderse con el Ejército ha sido difícil. Está claro. No hay entendimiento entre el pueblo y el Ejército. Otras veces hemos visto cómo los soldados disparan con mucha puntería sólo a los pies de los criminales y ahora con mucha puntería tiraron a matar. Y es lo que no nos explicamos. Necesitamos respuestas.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en los carriles de circulación norte-sur de la carretera Monterrey-Laredo, a la altura del libramiento noreste y la carretera a Santa Rosa, en el municipio de Apodaca. Habían visitado a María Ela, hermana de Patricia, quien reside en Salinas Victoria. Fue un domingo alegre. Cuando regresaban sucedió la tragedia.

¿Cómo que fue un error? Ustedes disculpen y se acabó. Lo quieren arreglar con un perdón. De ninguna manera. Queremos justicia. Que metan a la cárcel a todos los que dispararon sin razón, dice con voz firme Andrea Corpus Vázquez, de 68 años y abuela de Alejandro. Pobrecito mi hijito, me lo mataron cuando apenas iba a empezar su vida. No es justo.

Doña Andrea viste de riguroso negro. Vive en Fomerrey 36, en el municipio de Escobedo. Tiene 10 hijos. No recuerda el número de sus nietos, ni de sus bisnietos: Son tantos que ya ni sé. Afirma que Alejandro era un buen muchacho, dedicado a sus estudios de preparatoria. Recuerda que hace una semana la visitó y su madre le mostró el parecido de sus manos con las del abuelo recientemente fallecido. Y vuelve a insistir en la necesidad de meter a la cárcel a los asesinos de su nieto: “Les tiraron a matar. Pobrecita mi hija, tan chiquito su niño. Se lo mataron. Deben de hacer justicia, porque si no, los soldados van a seguir matando. Luego dicen: ‘usted perdone, fue un error’. Pos’ qué les pasa. Mira nomás qué chulada hicieron. ¿Creen que nos vamos a conformar? Pos’ están muy equivocados”.

Los compañeros de Alejandro en la preparatoria, vestidos con camisetas largas y a medio rapar, se mostraban indignados: “¿Por qué cuando los militares matan ‘por error’ no les hacen nada? ¿Por qué no son juzgados como todos los mexicanos en un tribunal civil? Son asesinos” –dice sin poder contener las lágrimas, Rolando Guillermo Torres de la Cruz, de 17 años. No somos tontos. Sabemos que no les van a hacer nada.

El secretario de Gobierno, Javier Treviño, acudió al lugar luego de haber sostenido que el conductor no hizo caso al alto en el retén militar. Ayer cambió sus declaraciones diciendo que todo fue un error.

Los familiares se mostraron enojados por la tergiversación de los hechos y el secretismo de la Secretaría de la Defensa en la supuesta investigación. Dos personas del DIF se encargaban de prohibir la entrada a los periodistas al lugar y de impedir que se hablara con los deudos que luego se dirigieron al cementerio de Marín, Nuevo León.

Edith Ornelas, de la Comisión Estatal de Derechos los Humanos, señaló que Patricia Castellanos presentó la denuncia correspondiente y que algunos enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya habían entrevistado a los familiares.

Uno de los visitadores dijo: No podemos decir nada. Todo es secreto. También la investigación de la Secretaría de la Defensa es secreta.

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