25/10/2011

ONU y CIDH exhortan a mejorar la justicia y evitar la impunidad

Falla la protección a periodistas en México; van 13 asesinados en 2011

Lamentan el ambiente de hostilidad que deben enfrentar los comunicadores

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Representantes de la ONU y de la CIDH ofrecieron una videoconferencia para presentar el informe La libertad de expresión en MéxicoFoto Cristina Rodríguez

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 25 de octubre de 2011, p. 13

México es el país más riesgoso para ejercer el periodismo en América Latina y el quinto a escala mundial, señaló el relator especial para la protección del derecho a la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, en una videoconferencia de prensa en la que se planteó que es urgente que en el país se federalice el delito de asesinato contra periodistas.

En el contexto de la presentación del informe La libertad de expresión en México. Misión de las relatorías de la ONU y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), estas organizaciones indicaron que de 2000 a 2010, 66 periodistas fueron asesinados en México y 12 desaparecidos, y que tan sólo en lo que va de 2011, 13 más han sido ejecutados.

Frank La Rue indicó que en materia de asesinatos de periodistas hay ausencia de justicia en México, y que es escandaloso el número de personas dedicadas a la tarea informativa que han sido muertas o desaparecidas. Alertó además que se ha generado en el país un ambiente de hostilidad hacia los periodistas, el cual es lamentable y peligroso para quienes ejercen el oficio.

El relator de la ONU indicó que en el país se mantiene la impunidad en casos de ataques hacia periodistas, por lo que hay mucho que hacer en materia legal para proteger a los profesionales de la información y expuso que es lamentable que a pesar de la dura problemática que enfrenta este gremio, el gobierno mexicano no haya creado un mecanismo para defender los derechos básicos de los periodistas. También consideró que es fundamental que el Estado mexicano no renuncie a investigar estos casos.

En tanto, la relatora para el tema de la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, planteó a su vez la urgencia de crear mecanismos para frenar la violencia que se ejerce contra los periodistas, así como reformas en materia de derecho penal para garantizar sus derechos.

Desde su punto de vista, aun cuando se han dado importantes avances en México en esta materia, subsisten enormes retos y desafíos, ya que en el país hay enormes dificultades para ejercer la libertad de expresión, como lo indican las cifras de periodistas asesinados. Planteó que además de la criminalidad, la impunidad lastima al medio informativo.

Al respecto, el subsecretario de Asuntos y Derechos Humanos de Gobernación, Felipe Zamora, apuntó que es fundamental que en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión se discuta y apruebe la reforma al artículo 73 constitucional, a fin de contar con elementos jurídicos para la persecución de estos crímenes a los trabajadores de los medios informativos. Según dijo, se trata de una iniciativa de reforma que plantea que estos delitos contra la liberta de expresión se federalicen, con el objetivo de que puedan ser investigados y sancionados por las autoridades federales.

En la videoconferencia que se realizó desde Washington dijo que los avances que ha habido en la materia son por las recomendaciones dadas al país por organizaciones internacionales, como es la creación de una fiscalía especial para la atención de los delitos contra la libertad de expresión, creada en 2010, o el convenio para la aplicación de acciones de prevención y protección a periodistas, firmado por las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el informe, los relatores especiales de la ONU y de la CIDH dan una serie de recomendaciones México, entre las que se encuentran: capacitar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas públicas en materia de libertad de información; crear un mecanismo nacional de protección a periodistas, mediante un comité oficial e interinstitucional; construir un convenio de coordinación para la puesta en marcha de acciones de prevención y protección para quienes trabajan en los medios informativos.

Además, reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor de la labor periodística, así como fortalecer la fiscalía especial en la materia y dotarla de mayor autonomía, y adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes y delitos en este sentido, entre otras.

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