20/10/2011

Pretende determinar requisitos para identificar a sospechosos



Revisará la Corte caso de mazahua preso por plagio con pruebas ilegales

Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 10

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para conocer dos amparos presentados por Hugo Sánchez Ramírez, mazahua acusado por la justicia del estado de México por portación de armas y secuestro. El quejoso argumenta que la causa penal en su contra está plagada de irregularidades y que se violó su derecho al debido proceso.

Con el voto adverso de Jorge Mario Pardo, los ministros consideraron que el asunto reviste interés y trascendencia para que la Corte determine los requisitos que deben cumplirse cuando se pretende identificar a sospechosos mediante fotografías y evitar identificaciones erróneas; el valor que debe otorgar el juez a las declaraciones de las víctimas cuando son contradictorias a lo declarado inicialmente y si las pruebas derivadas de una evidencia ilícita deben anularse.

El quejoso, de 23 años de edad, afirma que se violaron sus derechos porque después de ser detenido por policías municipales entre la comunidad Providencia y Villa Victoria estuvo privado de su libertad más de 12 horas antes de ser presentado ante el Ministerio Público (MP).

Entre las irregularidades señala que le tomaron fotografías antes de ser presentado al MP, las cuales mostraron a dos personas que habían sido secuestradas, quienes, presionadas por los policías, lo señalaron como autor del delito. Pero cuando comparecieron ante el juez se desdijeron y, a pesar de ello, el juzgador mantuvo el valor probatorio de sus declaraciones y sentenció al acusado.

Los abogados Leopoldo Maldonado y Simón Hernández declararon en entrevista que las principales violaciones a los derechos de su defendido son detención arbitraria, fabricación de pruebas, denegación del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Señalaron que con base en los antecedentes del caso Acteal, en que la Corte ordenó la liberación de más de 30 indígenas acusados por la matanza porque se violó el derecho al debido proceso, ya que la autoridad fabricó pruebas en su contra, existen elementos para dejar libre a su defendido.

A las 20:30 horas del 21 de julio de 2007, Hugo Sánchez estaba en su taxi en la base La Providencia, en el municipio de San José del Rincón, estado de México. Un pasajero abordó el automóvil; después subieron otros dos e inició su recorrido. Al llegar a El Catorce, una comunidad entre Providencia y Villa Victoria, uno de los pasajeros le pidió que se detuviera, porque ahí bajaba. Hugo frenó y en ese momento una camioneta de la policía municipal de Villa Victoria le cerró el paso. Dos de los viajeros huyeron y dejaron una mochila en el taxi. Los agentes comenzaron a disparar contra el vehículo.

Los policías bajaron a Hugo y a los pasajeros Raúl Martínez y Manuel Mendoza; colocaron dos armas en el auto y le sembraron un cargador a Raúl. Después lo dejaron libre, pero con base en las fotos que le tomaron lo consignaron por secuestro y portación de arma de fuego.

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