20/10/2011

Verificarán si son legales convenios firmados para explorar la zona, advierten

Veta de arbitrariedades

BC: ejidatarios dueños de yacimientos de oro y plata enuncian estafa de minera

La firma negocia compra de terrenos, pero el precio no satisface a propietarios

Foto
Mina a cielo abierto en Mexicali, Baja California, explotada por la empresa Frisco para obtener oro y plataFoto Francisco Olvera
Foto
Tubería para llevar agua del ejido Plan Nacional Agrario a la mina Real de ÁngelesFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 2

Mexicali, BC. El ejido Plan Nacional Agrario, el más extenso del país con 520 mil 784 hectáreas, contiene en sus montañas un filón de oro y plata que hoy divide a los dueños de esas tierras y la empresa que lo descubrió y explota. Cada uno de los ejidatarios recibe un pago por concepto de renta de 11 mil pesos al año de la minera Frisco. Ésta calcula las reservas probadas y probables de ambos metales en unas 295 toneladas en cinco zonas concesionadas a su favor, en la región norte de Baja California.

El Banco de México resguarda en sus bóvedas 100.15 toneladas del metal dorado. Los proyectos mineros de Frisco son un atractivo en la Bolsa Mexicana de Valores, principalmente por la volatilidad en el precio del oro y la plata, originada por la devaluación del dólar.

Paralelamente al éxito de las actividades mineras de Frisco, en el norte del país se escribe aún la historia de la Minera Real de Ángeles –integrante de Frisco–, a la que los propietarios del cerro Colorado y sus desérticos alrededores reclaman justicia a 20 años de firmados los convenios para que la empresa explorara la región.

A la fecha, la minera ha negociado la compra de importantes porciones de tierra que forman parte del área de explotación. La empresa ofrece a los ejidatarios un pago de 2 mil dólares por hectárea. La mayoría de esos propietarios decidieron demandar un pago –para cada uno de los 214 ejidatarios– de un millón de dólares.

La documentación oficial refiere que el 10 de junio de 1969 Gustavo Díaz Ordaz firmó la resolución presidencial por la que reconoció al ejido Plan Nacional Agrario con una superficie de 520 mil 784 hectáreas.

Años después, en septiembre de 1991, los ejidatarios aceptaron en asamblea negociar con la empresa Minera Real de Ángeles, a través del representante de ésta, Ernesto Camacho, un primer convenio de renta para explotar ocho lotes mineros con extensión de 63 hectáreas. La compañía erogó por concepto de compensación 12 millones 567 mil 210 de viejos pesos.

El 2 de agosto de 1996 la minera firmó con los ejidatarios un nuevo convenio para exploración, barrenación y obra directa en San Felipe. Solicitó y obtuvo autorización para ocupar 863 hectáreas más del ejido, por lo que pagó a los habitantes 225 mil pesos por renta anual.

Ese mismo día se firmó un convenio paralelo para la ocupación temporal de 329 hectáreas más, donde se construían caminos de acceso a obras mineras, campamentos, almacenes y plantas de beneficios. Por esa área se acordaron cinco pagos por un monto de 271 mil 993 cada uno.

Transcurrieron tres años más, y el 31 de octubre de 1999 la empresa y los ejidatarios firmaron un contrato de ocupación temporal por mil 585 hectáreas más. Se autorizó a la minera construir las servidumbres necesarias para las actividades de extracción. El contrato anual ascendió a un millón de pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA). La duración de éste se estableció en 20 años.

La razón de esta ampliación de la minera obedeció a que el 30 de junio de 1994 la entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) expidió a favor de la compañía San Felipe (propietaria de la mina Real de Ángeles) el título de concesión para explotar 50 mil hectáreas del lote San Felipe 6.

También otorgó a la misma empresa otra concesión para explotar 50 mil hectáreas más del lote San Felipe 14. Ese mismo día concedió otras 45 mil hectáreas para ser explotadas en el lote San Felipe 13. Y el 15 de julio de 1994 la SEMIP expidió la concesión para explotar el lote San Felipe 2, con superficie de 3 mil 289 hectáreas.

El 29 de marzo de 2000 la dirección general de minas de la Secretaría de Comercio recibió de la minera la solicitud de ocupación temporal de las mil 585 hectáreas referidas, pertenecientes al ejido Plan Nacional Agrario. Esta área fue evaluada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales en 951 mil pesos.

La Secretaría de Comercio resolvió que los ejidatarios en su conjunto debían recibir una indemnización por 190 mil pesos, como lo firmó en su momento el director general de minas, Luis Raúl Escudero.

Diez años después, a raíz de la generosa explotación de oro en el proyecto Real de Ángeles, la empresa ofreció el pago de 2 mil dólares por hectárea a los ejidatarios. El 29 de octubre de 2010 el gerente de exploración de la firma, Atanasio Ibarra, envió al presidente del comisariado ejidal, Jorge Alberto Camacho, un oficio en el que le externó el interés por adquirir 2 mil 777 hectáreas de ocupación temporal y 5 mil 558 de terreno de uso común.

El comisariado ejidal, al informar la existencia de esa propuesta, fue objeto de repudio de la mayoría de los propietarios, quienes lo responsabilizan de haberse beneficiado de las negociaciones con la minera, y le imputaron la responsabilidad de haber vendido su porción de tierra a un precio de 3 millones de dólares.

El descontento llegó a tal nivel que se creó una mesa negociadora por parte de los ejidatarios, formada por Jesús Moreno, Alejandro Menchaca, Rafael Navarro y Francisco Sosa.

Los cuatro ejidatarios, que ya han sido facultados para negociar directamente con la minera, por encima del comisariado ejidal –que deberá firmar todos los documentos que la negociadora produzca–, respondieron que la postura de la empresa Real de Ángeles es un agravio, la forma en que se pretende tratarnos, y en función de la situación económica que prevalece actualmente, sentimos un insulto, por jugar con la necesidad de la gente, al bajar de forma considerable el número de hectáreas a tratar; por lo tanto, no queremos y no vamos a negociar absolutamente nada en los términos expresados por ustedes.

Al crecer la inconformidad en el núcleo ejidal, sus integrantes advierten que denunciarán la explotación a campo abierto de los terrenos arrendados, porque a decir de ellos podrían existir violaciones a las leyes de Equilibrio Ecológico, para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, de Sanidad Vegetal y de Vida Silvestre.

El ejido hace responsable a la minera por las operaciones que esté llevando a cabo en el terreno arrendado, por los materiales químicos que hayan dañado o pudieran dañar a las personas que hayan trabajado, trabajen o vayan a trabajar en la mina... a partir de este momento sepan perfectamente que buscaremos por todos los medios legales a nuestro alcance, cerciorarnos si los contratos firmados por el ejido están apegados a derecho, además verificar si los mismos no adolecen de alguna causante de rescisión o vicio que afecte la validez de los mismos.

Veta de arbitrariedades

No queremos hacer una revolución, sólo que se nos pague lo justoAlineación al centro

Ejidatarios de Plan Nacional Agrario acusan a Frisco de mentir durante 20 años

Prometieron hacer escuelas, una calle pavimentada y apoyos; nunca hubo nada

Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de octubre de 2011, p. 3

Mexicali, BC. Por agarrar unos cuantos pesos firmamos y nos engañaron; los dueños de la mina no nos hablan con verdad, y ya nos cansamos de que nos estén chingando. Lo único que pedimos es justicia, que se nos pague lo justo por nuestra tierra, reclaman los ejidatarios de San Felipe. Son propietarios de tierras desérticas y agrestes en el litoral del Golfo de Cortés, donde la minera Real de los Ángeles descubrió un abundante filón de oro y plata.

¡Aquí, puras mentiras! En 20 años han mentido a los más ancianos porque hay mucha necesidad, ¡y eso no se vale!, reclama con enojo Alberto Piedra, fundador del ejido Plan Nacional Agrario hace 43 años.

Junto a él, Jesús Moreno y Rafael Sosa, que comparten la propiedad del ejido más grande del país con otras 211 personas, solicitan a la empresa Frisco –propietaria de la mina– que manifieste voluntad y satisfaga la demanda de campesinos y pescadores.

Que se nos haga justicia, que se nos pague lo justo, somos mexicanos y sólo reclamamos un derecho legitimo. No queremos pelear, no queremos hacer una revolución, simplemente que se nos pague lo que nos corresponde por ley, y que no anden abusando y no se digan mentiras, asevera Jesús Moreno.

Rafael Sosa recuerda la llegada de la minera a sus tierras en San Felipe, hace más de 20 años. Se presentaron diciendo que venían a explorar y de ahí se fueron agarrando. Llegaron hablando muy bonito porque prometieron muchos beneficios para el ejido, nos prometieron hacer escuelas, una calle pavimentada, apoyar a la gente adulta, y de eso nunca hubo nada.

Jesús Moreno completa en voz alta aquel recuerdo. No contábamos con un asesor jurídico, y nos hicieron creer con triquiñuelas que la mina era un beneficio para el ejido, para el pueblo de pescadores, que habría desarrollo empresarial, y nada sucedió. Mire cómo está San Felipe: pobre y abandonado.

Los ejidatarios de Plan Nacional Agrario, muchos de ellos hombres maduros, han atestiguado acontecimientos que los dejaron fuera de los frutos de la explotación minera.

Comenzaron a explotar la mina, y así se fueron dando los contratos del agua y de la luz. A mí me tocó estar dentro de la mesa directiva cuando se hizo el contrato de la luz, y nos pagaron 50 mil pesos por cruzar la línea de luz que viene de Rosarito a la mina. Y a cada uno de los ejidatarios nos dieron 225 pesos, recuerda Alberto Piedra mientras ríe con ironía.

Nos queda muy claro a lo que nos estamos enfrentando, pero les pedimos que nos vean como gentes con derechos. Se fueron adueñando, poco a poco, con dos o tres mentiras, porque estaban mal esos contratos que firmamos. Hoy todavía estamos dispuestos a negociar porque somos mexicanos, pero que les quede claro: no nos vamos a dejar. ¡Vamos a seguir terqueando!

–¿Ustedes insisten en que no tenían conciencia de lo que firmaban con la minera?

–Vivimos engañados todo el tiempo. Nunca nos dijeron la verdad, y ahora exigimos que no nos engañen, y que si quieren seguir explotando la mina, nos paguen lo justo porque se está escribiendo otra historia de engaño –responde Alberto Piedra.

–¿No temen que ahora la mina los acuse de intento de chantaje?

–¡Nooo! No, ni queremos chantajearlos, simplemente que se nos pague lo justo. Nosotros estamos en la mejor disposición porque sabemos que va a ser una derrama importante para el estado, para San Felipe. Cómo es posible que se nos quiera pagar a nosotros a 2 mil dólares la hectárea cuando en otros estados están pagando hasta 15 mil dólares por explotar la plata, y la relación plata-oro es 65 veces para el oro. Entonces no tiene lógica lo que están ofreciendo.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario