Viernes 14 de octubre de 2011, p. 17
Miembros de la campaña Sin maíz no hay país se sumaron a la crítica que organizaciones campesinas hicieron en torno al recorte presupuestal al programa Procampo y su traslado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).
Juan Olmedo, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), apuntó que el proyecto de presupuesto del gobierno federal en lugar de beneficiar a uno de los sectores más desprotegidos, que son los campesinos e indígenas, traslada (los recursos) a otro sector
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Consideró que pasar el manejo de Procampo a la Sedeso tiene fines proselitistas relacionados con el año electoral, para beneficiar al clientelismo que tiene el partido en el poder
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En entrevista por separado, Rosalba Calva, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA), agregó: Nos pronunciamos porque en el padrón de Procampo estén las organizaciones que realmente requieren apoyo, porque sabemos que a veces se va a productores de muy alta escala
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Asimismo, saludaron la publicación en el Diario Oficial de la Federación del derecho a la alimentación y llamaron al gobierno federal a diseñar un presupuesto que permita garantizarlo.
En ese sentido, Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, demandó al Congreso ser congruente con ese derecho y dotar al Programa Especial Concurrente 2012 de un presupuesto suficiente que garantice la producción de alimentos básicos y estratégicos para alcanzar la soberanía y seguridad agroalimentaria del país
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En un comunicado, reiteró a los legisladores su propuesta de reorientar el presupuesto bajo tres rubros: frenar la creciente pobreza alimentaria, contrarrestar la obesidad y malnutrición de la población, así como reducir en al menos 30 por ciento la dependencia alimentaria del país.
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