· Caso Martín del Campo, primero por parte de México en llegar a CoIDH, aunque por cuestiones de competencia temporal, la Corte Interamericana decidiera no conocer el fondo del caso en el año 2003
· Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, presidentes de Alto al Secuestro y México SOS, interpusieron un amparo contra la CDHDF, por abogar a favor de Martín del Campo, sin tomar en cuenta a las víctimas.
· La Comisión Interamericana ha recomendado la libertad del acusado tras demostrarse que su sentencia está basada en una confesión arrancada bajo Tortura.
El viernes pasado los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí interpusieron un amparo en contra de un memorial Amicus Curiae presentado por la CDHDF a favor de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue sentenciado a 50 años de prisión por los asesinatos de su hermana y su cuñado ocurridos el 30 de mayo de 1992. Ello a propósito del recurso de reconocimiento de inocencia que ante el Tribunal Superior de Justicia del DF ha promovido la defensa de Martín del Campo, quien desde el primer momento en que tuvo posibilidad, ha señalado que la confesión le fue arrancada bajo tortura.
Este nuevo giro en torno al primer caso mexicano ventilado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) permite contrastar el posicionamiento ante este tipo de situaciones de diversos actores de la realidad mexicana. Por una parte el TSJDF y la CDHDF, buscando cumplir con la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en su numeral 130 recomienda al Estado mexicano “anular la confesión obtenida bajo tortura en las instalaciones de la PGJDF el 30 de mayo de 1992 y de todas las actuaciones derivadas de ella”, así como reponer el proceso y reparar a Martín del Campo por las violaciones documentadas en su contra.
El caso
La versión de los hechos que se desprende de la actuación de la CIDH indica que el 29 de mayo de 1992 el señor Alfonso Martín del Campo Dodd dormía en el domicilio en la Ciudad de México, D.F. que compartía con su hermana Patricia Martín del Campo Dodd, su cuñado Ricardo Zamudio Aldaba y las tres hijas de dicho matrimonio, cuando lo despertaron gritos de pánico de su hermana cerca de medianoche. Al intentar acudir a ver lo que sucedía, dos personas desconocidas con la cabeza cubierta por medias lo golpearon varias veces, lo introdujeron en la valijera de uno de los autos que estaban en la casa, y condujeron por unos 25 minutos hasta que detuvieron el auto. En cuanto logró abrir la valijera del auto, salió a buscar ayuda, hasta que llegó a un puesto de la Policía Federal de Caminos, en la carretera a Cuernavaca. Uno de los policías acompañó al señor Martín del Campo hasta el vehículo, donde hallaron un guante y un cuchillo, que éste reconoció como el que habían utilizado los desconocidos para amenazarlo. Luego fue conducido a su residencia por otro policía, y al llegar vio que estaba estacionada una ambulancia y se enteró que su hermana y cuñado habían sido asesinados. Luego fue llevado a la Delegación Benito Juárez, donde fue torturado por policías judiciales:
Le colocaron una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta bolsa la apretaban con el fin de que le faltara aire. Fue severamente golpeado en el estómago con franelas mojadas así como en la cabeza. Recibió también golpes con la mano abierta en la cara, dándole también patadas en los testículos, los policías judiciales se turnaban para golpearlo, obligándolo a firmar una declaración autoinculpatoria y a colocar su huella dactilar. Dentro de dicha declaración arrancada bajo coacción Alfonso Martín del Campo Dodd reconoce haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado, señalando también que trató de aparentar un secuestro para evadir su culpabilidad. Derivado de esta confesión Alfonso Martín del Campo Dodd fue procesado y condenado a 50 años de prisión por el doble homicidio de su hermana y cuñado.
Actualidad y repercusiones del caso
El caso fue el primero por parte de México en ascender a la CoIDH, donde sin embargo no fue abordado el fondo del asunto, pues el Estado mexicano argumentó y obtuvo unas excepciones preliminares, pues los hechos ocurrieron antes del 16 de diciembre de 1998, cuando México aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH. Sin embargo, como ya se ha mencionado existen pronunciamientos de diversas instancias que exigen que la confesión obtenida bajo tortura sea anulada, así como el proceso sustentado en ella.
En un contexto como el actual, en el que el Estado mexicano es incapaz de proporcionar a su ciudadanía una seguridad basada en el respeto amplio de los derechos humanos; en donde la actuación hoy día de las fuerzas de seguridad civiles y militares tiene constantes cuestionamientos por el uso extendido de la tortura y los cateos ilegales como una forma de tratar de sustituir las capacidades técnicas que debiera de tener nuestro sistema de procuración de justicia; llama la atención la fuerza con que Wallace y Martí se pronuncian en contra de una opinión jurídica (tal es el nivel que tiene el documento suscrito por la CDHDF). Valdría recordar que todas las personas tenemos derecho a un juicio justo y a una seguridad basada en los derechos humanos, incluso quienes cometen delitos, incluso las víctimas, incluso los activistas.
OSC constatan vulnerabilidad de migrantes en Tenosique
El viernes pasado concluyó la Misión Civil de Observación que varias organizaciones de la sociedad civil realizaron en Tenosique, Tabasco. Ese mismo día, se cumplieron 60 días del desalojo de los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, quienes se encuentran en Tenosique en situación de desplazamiento forzado.Las organizaciones aprovecharon el cierre de su Misión para señalar que las condiciones en las que se encuentran estos desplazados representan una crisis humanitaria, pues casi 300 personas se encuentran viviendo a la intemperie, de las cuales, 115 son niños, niñas y adolescentes. Asimismo, afirmaron que la percepción del pueblo desplazado es que las autoridades guatemaltecas buscan desgastarlos para evitar el retorno a sus tierras, pues las mesas de negociación que se han entablado no han llevado a ninguna solución.
Por otra parte, la Misión de Observación constataron la vulnerabilidad y riesgo que viven las personas migrantes que transitan por México y la de los y las defensoras de sus derechos humanos; especialmente, de La 72, Hogar Refugio para personas migrantes y del Centro de Derechos Humanos Usumacinta. Destacaron que, a pesar de la nueva ley de migración y del proceso de depuración del Instituto Nacional de Migración, los testimonios de las personas migrantes continúan reflejando una situación de violación sistemática a sus derechos humanos.
Ante esta situación, exigieron tanto al gobierno de México como al de Guatemala, establecer medidas para garantizar condiciones de vida digna para la comunidad de Nueva Esperanza; asimismo, impulsar y legislar una visa temporal de transmigrante que minimice los riesgos a los que se ven sometidas las personas migrantes en su trayecto por el país.
Pide Judicatura difundir las reformas al amparo / Reforma, Para que la reciente reforma a la Ley de Amparo derive en una plena impartición de justicia, los ciudadanos deben conocer la normatividad a fondo, consideró ayer César Jáuregui, Consejero de la Judicatura Federal. Señaló que “Una buena ley con malos jueces va destinada al fracaso, y una mala ley, pero teniendo buenos jueces, es garantía de que puede imperar la justicia y ese es el reto del México de nuestros días”.
SCJN fijará criterio pro derechos humanos / El Universal, La Suprema Corte de Justicia de la Nación planea establecer un nuevo criterio, derivado del caso Rosendo Radilla, que permitirá a todos los jueces del país dejar de aplicar, en casos concretos, las normas contrarias a la Constitución o a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Reglamento de la Ley de Migración, en noviembre / Milenio, El director del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, Ernesto Rodríguez, informó que a finales de noviembre deberá estar listo el reglamento de la Ley de Migración, expedida el 25 de mayo. Reconoció la vulnerabilidad de los migrantes en México debido a diversas condiciones como las acciones del crimen organizado y las extorsiones.
Calderón afecta fondos indígenas y apoya gasto que puede utilizar electoralmente: diputados / La Jornada, El gasto que el gobierno de Felipe Calderón propuso destinar a los pueblos indígenas en 2012, si bien representa un aumento de 8 mil millones de pesos respecto al año anterior, recorta los principales programas dedicados al fortalecimiento de capacidades, de comunicación, conservación de recursos naturales y atención a desplazados migrantes.
Roberto Frey, conocido activista ensenadense, murió asesinado / Zapateando, En misteriosas condiciones que indican tortura y asesinato, la madrugada de hoy fue encontrado el cuerpo de Roberto Paul Frey, activista ciudadano. El reporte del suceso se dio alrededor de las 23:40 horas de la noche del 19 de octubre en la calle Sirenas del Fraccionamiento Playa Ensenada, donde el ahora occiso fue localizado por dos de sus amigos con quienes se había quedado de ver.
DENUNCIA URGENTE: detención ilegal, tortura e incomunicación a integrantes del FNLS en Michoacán / Kaos en la Red, El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denunció la detención ilegal, lesiones, tortura, empleo arbitrario de la fuerza pública, abuso de autoridad e incomunicación, en contra de algunos comuneros por parte de la policía municipal de Pátzcuaro, Michoacán.
Empresa textil amenaza a defensora de trabajadoras / Cimac, El Colectivo Obreras Insumisas del Valle de Tehuacán, Puebla, denunció las amenazas que ha recibido en días recientes por defender los derechos laborales de un grupo de trabajadoras de la costura que fueron despedidas de manera injustificada.
El fantástico éxito de Ocupa Wall Street / Immanuel Wallerstein, en La Jornada. El movimiento Ocupa Wall Street –porque ahora es un movimiento– es el acontecimiento político más importante en Estados Unidos desde los levantamientos de 1968, de los que es descendiente, o su continuación. Sin embargo, tiene una amenaza que viene del mismo éxito del movimiento. Conforme atrae más respaldo, aumenta la diversidad de puntos de vista entre los manifestantes activos. El problema aquí es cómo evitar al monstruo Escila, es decir, que se vuelva un culto amarrado que podría deshacerse debido a lo restringido de su base, y al monstruo Caribdis, si deja de tener una coherencia política al volverse muy amplio. Es difícil: no hay una fórmula simple de cómo manejarse para evitar irse a cualquiera de esos dos extremos.
Calderón dijo la semana pasada que su gobierno estaba analizando la posibilidad de retirar la reserva que existe para que se puedan investigar y sancionar los crímenes del pasado.
Sin embargo, doña Rosario Ibarra representa el escepticismo de millones de mexicanos al cuestionar: “¿Por qué a estas alturas de su gobierno, cuando ya han transcurrido cinco años, ese señor que se dice presidente afirma ahora que está analizando si retira esa reserva? ¿Por qué al final de su sexenio y no al principio, cuando pudo haber hecho algo en favor de las personas desaparecidas?”
y señaló:
“No creo que haya voluntad política de Calderón para que se investiguen y castiguen las desapariciones forzadas ocurridas en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Sonora durante la guerra sucia. No lo creo. No ha mostrado voluntad en estos años y, en todo caso, sabe que si retira esa reserva será juzgado por las desapariciones actuales. Además, por haber violado la Constitución al sacar el Ejército a las calles”.
(Lee la nota completa y sigue el tema en nuestro minisitio: SiguenDesapareciendo.org )
Manifestación: No a la Supervía
El Comité de Derechos Humanos del Cerro del Judío de la Parroquia La Lupita te invita a manifestarte el día de hoy, 24 de octubre a las 6 de la tarde, en contra de la Supervía y a favor de la vida y del medio ambiente. La cita es en las calles de Luis Cabrera y San Jerónimo.
Los días 11 y 12 de noviembre, el Centro Prodh te invita a
participar en el Taller Nacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales titulado “La importancia del ejido y de los bienes comunales en la defensa del derecho a la tierra y al territorio”, cuyo propósito es intercambiar información, herramientas, elementos prácticos y experiencias para la defensa estos derechos a través de la conservación y fortalecimiento de ejidos y bienes comunales. Está dirigido a: ejidatarios/as y comuneros/as involucrados/as en la defensa del derecho a la tierra y el territorio y a organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales que estén involucrados o acompañen a estos procesos. Para más información, escribe a educacion@centroprodh.org.mx
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