Trabajadores mexicanos se unen a protesta mundial contra las "políticas antilaborales"

En Hemiciclo a Juárez, señalan que buscan frenar privatizaciones y la caída del nivel de vida

Gabriel León Zaragoza

Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 16

Como parte de la jornada internacional de movilizaciones contra la aplicación de políticas que atentan contra los derechos labores, que ayer tuvo lugar, cientos de trabajadores realizaron un mitin frente al Hemiciclo a Juárez en repudio a las medidas económicas que aplica el gobierno de Felipe Calderón, las cuales atentan contra los derechos plasmados en los contratos colectivos de trabajo.

En su declaración política, el Congreso Social –frente conformado por sindicatos y agrupaciones civiles y campesinas– se solidarizó con la lucha que iniciaron organizaciones mundiales, la cual –consideraron– es el primer paso para establecer en el orbe un gran frente único de los trabajadores del campo y la ciudad para evitar que la crisis la paguen los trabajadores.

Este esfuerzo pretende frenar las privatizaciones y la constante caída del nivel de vida y de los ingresos de la población trabajadora, denunciando a los partidos y a los políticos neoliberales.

Advirtieron que se espera un futuro incierto para el pueblo de México, donde la única salida es la construcción de un frente nacional que pueda hacer frente a las políticas neofascistas.

Las organizaciones participantes –como los sindicatos de la UNAM, de telefonistas, electricistas y tranviarios, así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y agrupaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y Diálogo Nacional– denunciaron que la entrega del país al imperialismo tiene lugar mediante la concesión de recursos naturales y la entrega de las empresas nacionales a extranjeros.

También –dijeron–, mediante la firma de tratados comerciales, militares y policiacos –como el Tratado de Libre Comercio, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la Iniciativa Mérida–, que comprometen seriamente la independencia nacional e hipotecan la soberanía alimentaria.

Como parte de su plan de acción, adelantaron que en octubre realizarán movilizaciones en apoyo a los gremios afectados por el gobierno del empleo, como electricistas, pilotos, sobrecargos y mineros, entre otros. Para noviembre preparan un encuentro nacional para la integración de un nuevo Constituyente y una nueva Carta Magna.

Trabajadores de Cananea denuncian otro intento de Grupo México por fincarles culpa penal

Se niega a reconocer a nuevo comité seccional de sindicato liderado por Gómez Urrutia

Mineros de Monclova realizan ayuno contra arbitrariedades de AHMSA

Patricia Muñoz y Ulises Gutiérrez

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 17

Mineros de Monclova empezaron desde el pasado 22 de septiembre una huelga de hambre afuera de las instalaciones de Altos Hornos de México, SA (AHMSA) en esa región, debido a que la empresa despidió al recién electo líder sindical de esa sección, Miguel Cuéllar, y está llevando a cabo actos de persecución, hostigamiento e investigaciones especiales contra todos los miembros del comité local.

La nueva dirigencia fue electa en abril pasado, pero la empresa se negó a reconocerla debido a que fue avalada por el sindicato que encabeza Napoléon Gómez Urrutia, por lo que instó a un grupo afin a realizar elecciones paralelas totalmente falsas, según informaron los trabajadores que llevan a cabo el ayuno en protesta por las arbitrariedades de la empresa.

Por otra parte, el sindicato minero señaló que no son ciertas las acusaciones que ha difundido Grupo México de que los trabajadores de Cananea provocaron un incendio el pasado 6 de julio, y que habrían quemado el archivo histórico de ese sitio, “cuando fueron los porros contratados por Grupo México para golpear trabajadores los que lo llevaron a cabo.

De nueva cuenta, se trata de una excusa para perseguir penalmente a los dirigentes de esta sección, sostuvo el sindicato minero. Agregó que de ninguna manera permitirán que se atropellen los derechos de los trabajadores de Cananea, por lo que el equipo jurídico del gremio ya prepara la defensa.

Es evidente que el gobierno del estado de Sonora está actuando ilegalmente en favor de Grupo México y de Germán Feliciano Larrea, para lo que se ha valido de las acciones penales, en lugar de resolver problemas laborales causados por la empresa. Ha pervertido el derecho con la finalidad de operar la mina de Cananea, que no hace mucho decían que padeció daños propios de una fuerza mayor, indicó el sindicato.

A contracorriente, los hermanos Germán Feliciano y Genaro Larrea Mota Velasco, dueños de Grupo México, se niegan a acatar la orden judicial de presentarse a testificar en el juicio que se sigue contra Juan Linares Montúfar. Por ello, el pasado martes 28 de septiembre, la defensa del sindicato denunció al juez federal José Trujillo Salceda, primero de distrito de procesos penales en el DF, como cómplice de dichos empresarios, ya que 17 veces se ha negado a emitir órdenes de arresto contra ellos y les permite que sólo paguen multas.

Por su parte, Grupo México abrió ayer otro proceso de liquidación para los mineros de Cananea (es la octava ocasión), ante lo que el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, llamó a los obreros a aprovechar esta oportunidad de recibir seis veces más recursos por su liquidación de lo que marca la ley, y tener la oportunidad de ser recontratados.

Sin embargo, el mandatario estatal aceptó que no ha entablado diálogo directo con los líderes del sindicato minero para solicitarles que acepten el pago de las liquidaciones que otra vez les ofrece Grupo México para dar fin al conflicto en la mina de cobre más importante del país. Dijo incluso que, como gobernador, pidió que les dieran una liquidación “por arriba de la que les corresponde por ley.

No obstante, el secretario de la sección 65 del sindicato minero en Cananea, Sergio Tolano Lizárraga, señaló en entrevista telefónica que son alrededor de 900 los mineros que siguen firmes en su postura de no aceptar la liquidación, ya que consideran que su huelga es legal, por lo que demandan instalar mesas de diálogo para solucionar el conflicto; también desestimó el llamado del gobernador, de quien dijo está actuando en favor de Grupo México.

La empresa no podrá sacar un solo kilo de cobre de la mina si antes no soluciona el diferendo con este sindicato, sin importar que se sostenga que ya finalizaron los procesos legales de este conflicto.

Exigirán en la marcha del 2 de octubre desmilitarizar el país y justicia en Copala

Los organizadores anuncian que demandarán también el cambio de modelo económico

La movilización estudiantil incluirá expresiones de solidaridad con mineros y electricistas

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 19

Este año, la marcha conmemorativa del 2 de octubre reivindicará –además de la petición de justicia por la matanza de estudiantes de 1968 en Tlatelolco– la desmilitarización del país, la salida de los grupos armados de San Juan Copala, Oaxaca, la solución a las demandas de electricistas y mineros, así como la modificación del modelo económico.

Parte del grupo organizador –integrado por el Comité 68, estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Pedagógica Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, así como de otras organizaciones– responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de todo acto de hostigamiento y represión durante la marcha, y advirtieron que si la policía encapsula, persigue, agrede o detiene a los manifestantes, el contingente detendrá la marcha.

Este sábado 2 de octubre, la movilización estudiantil avanzará desde la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco hasta el Zócalo capitalino, donde se realizará un mitin.

Se informó que además de colectivos estudiantiles y el Comité 68 participarán pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala y de San Salvador Atenco, contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Mexicano de Electricistas. A diferencia de otros años, a dos días de la movilización, en muchas de las instituciones de educación superior no se observan carteles que convoquen al estudiantado a participar.

Lista de demandas

En la conmemoración del 42 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco, los contingentes reivindicarán diez puntos.

Entre los primeros, castigo a los responsables de las matanzas del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia. La disolución de los cuerpos represivos y desmilitarización del país: no queremos esta guerra contra el pueblo.

También demandarán la no criminalización de la protesta social, la libertad inmediata de Víctor Herrera –detenido durante la movilización del año pasado– y todos los presos políticos; la erradicación de los conjuntos porriles de las escuelas y justicia para San Juan Copala, donde grupos paramilitares agreden a los simpatizantes del municipio autónomo.

El cuarto punto es la defensa de la educación pública, gratuita y crítica para todos, porque ningún joven debe permanecer sin educación ni empleo.

Otras dos demandas son la permanencia de las normales rurales y el cese de los ataques de porros contra los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo.

La solidaridad con las luchas obreras, estudiantiles, campesinas y populares, así como la solución a las demandas de electricistas y mineros; la exigencia de respetar los derechos de los migrantes, también serán parte de la agenda de la marcha.

La lucha contra el sistema neoliberal y de producción que ha perjudicado el cambio climático, según la consigna de cambiemos el sistema y no el clima, es otro de los puntos que los manifestantes defenderán este sábado.

Asimismo, los estudiantes que marcharán el sábado exhortarán a los asistentes a solidarizarse con las luchas estudiantiles en América Latina.

Decepcionante papel de México

Sin derechos humanos, el combate a la pobreza: AI

De la Redacción

Periódico La Jornada
Jueves 30 de septiembre de 2010, p. 20

A pesar de la abrumadora evidencia de que millones de personas han sido dejadas de lado en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), a causa de la discriminación y demás violaciones a las garantías individuales que les impiden acceder a los servicios básicos, los líderes mundiales desaprovecharon la oportunidad de poner los derechos humanos en el corazón de la lucha contra la pobreza, resaltó Amnistía Internacional (AI).

Al término de la Cumbre de Alto Nivel sobre los ODM, celebrada en Nueva York, AI advirtió que el Plan de Acción para lograr el cumplimiento de las metas, acordado hoy en la Organización de Naciones Unidas (ONU), no logra incorporar a tantos millones de personas que sufren a diario por los efectos devastadores de la pobreza.

A cinco años de que concluya el plazo (establecido en el año 2000) para el cumplimiento de los objetivos, es totalmente inaceptable que los líderes mundiales aún no hayan acordado acciones concretas para eliminar la discriminación y otras violaciones graves a los derechos humanos que impiden a las personas que más lo necesitan beneficiarse de los ODM, manifestó Salil Shetty, secretario general de AI.

Tampoco se han identificado medidas efectivas para obligar a los gobiernos a rendir cuentas con relación al cumplimiento de los ODM, ni para asegurar que las acciones encaminadas a la realización de los mismos sean consistentes con sus obligaciones ya adquiridas en materia de derechos humanos.

El director ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, expresó su decepción por la participación de México en la Cumbre de Naciones Unidas. El país ha realizado algunos avances en el cumplimiento de los ODM, pero la ausencia de una perspectiva clara sobre derechos humanos en su intervención ante la ONU muestra las limitaciones de esta política, resaltó.

Herrera añadió: Lamentamos que en la tribuna de la ONU, la delegación mexicana haya omitido mencionar la necesidad de situar a los derechos humanos en el centro de su discurso con relación al cumplimiento de los ODM y el combate a la pobreza.

El director de AI México instó al gobierno mexicano a establecer indicadores claros que muestren los avances en materia de combate a la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos en los años próximos.

Reporte del Centro ProDH

Reforma al Código de Justicia Militar debe apegarse a derecho internacional dicen OSC

Carta al Lic. José Francisco Blake Mora

OSC de Derechos Humanos

Por este medio, las organizaciones de derechos humanos firmantes queremos exponerle respetuosamente algunos aspectos fundamentales en la consideración sobre la reforma del Código de Justicia Militar en su artículo 57 fracción II inciso a), misma que constituye una obligación del Estado mexicano, como se desprende del punto resolutivo 10 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, y sobre lo cual se manifestó usted el día de ayer en su comparecencia ante el Senado de la República con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno. Como se colige de la lectura de la versión estenográfica de dicha comparecencia, disponible en la página web del Senado,1 usted asumió públicamente que el gobierno está pendiente de “darle cumplimiento cabal a la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregando que la Sentencia de mérito “Ha puesto también de manifiesto, entre otras, digamos, determinaciones en la sentencia, la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, precisamente para establecer el fuero militar en algunos delitos.”

Al respecto, deseamos destacar algunos aspectos que nos parece fundamental contemplar en todo proyecto de reforma acorde a la Sentencia y al derecho internacional de los derechos humanos, bajo la consideración central de que la jurisdicción militar no debe ser aplicada extensivamente, bajo ninguna circunstancia, a delito alguno que constituya violación de los derechos humanos de civiles, como lo consagran los instrumentos del derecho internacional en la materia, así como el artículo 13 constitucional, que establece que en ningún caso en que esté involucrado un civil procederá el fuero de guerra.

1) Conforme al derecho internacional, la jurisdicción militar debe ser 1) restrictiva, 2) excepcional y 3) de competencia funcional. Se restringe precisamente a la función materia de su competencia, y por ello su uso ha de ser excepcional en una democracia. Como advierte inequívocamente la Corte IDH en el párrafo 272 de la Sentencia: “[…] En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares.”

2) En una democracia, el juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, además de independiente e imparcial. Al respecto, la Corte IDH es muy clara al asentar, en el párrafo 273 de la Sentencia, que “[…] la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria […].”

3) La reciente militarización de la seguridad pública y la persistencia de la aplicación extensiva del fuero militar a casos de violaciones de derechos humanos de civiles, exige del Estado controles democráticos para regular el uso de la fuerza y combatir los abusos y la impunidad que los solapa. Como es sabido, actualmente la Corte IDH discute la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de la indígena tlapaneca Inés Fernández Ortega, quien fue violada sexualmente por militares que siguen impunes; el de la también indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, por un caso similar, y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, ilegal y arbitrariamente detenidos y torturados por militares que siguen gozando de impunidad.

4) Finalmente, es preciso que en toda iniciativa que se presente a consideración del Legislativo, así como en las discusiones de las y los legisladores sobre la jurisdicción militar en lo general y el artículo 57 fracción II inciso a), en lo particular, se tenga en consideración lo que la Corte IDH pondera en el párrafo 286 de la Sentencia del caso Rosendo Radilla: “[e]l artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es una disposición amplia e imprecisa que impide la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado.

La posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se le imputa un delito ordinario, por el sólo hecho de estar en servicio, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense.”

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, (AFADEM-FEDEFAM), Asociación de Defensa de Derechos Humanos del Estado de México, A.C. (ADHEM), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C., Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (ProDH), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Coordinadora Popular 28 de Mayo, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, A.C., Fundación Diego Lucero, A.C., IDHEAS – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSyDE), Instituto Mexicano de, Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Liga Mexicana por la Defensa de los, Derechos Humanos (LIMEDDH), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos, Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT), José Luis Caballero Profesor e Investigador de la Universidad Iberoamericana.

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Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

El desacato es una burla a las autoridades mexicanas: Aliento

Exigen que no se dé prórroga a tabacaleras

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 41

Las grandes industrias tabacaleras se han convertido en un enemigo voraz que no respeta las leyes y se burla de las autoridades mexicanas al retrasar la entrada en vigor de la normatividad que las obliga a incluir pictogramas y leyendas contra el consumo de cigarrillos, práctica que provoca alrededor de 60 mil fallecimientos al año en México.

Así lo advirtieron representantes de organizaciones civiles, quienes exigieron al gobierno que no otorgue la prórroga de tres meses que pidieron esas empresas para agotar sus inventarios, ya que tuvieron más de dos años para rediseñar sus cajetillas, a partir de que la Secretaría de Salud dio a conocer en mayo de 2008 la Ley para el Control del Tabaco.

Jesús Felipe González Roldán, vicepresidente de la Red México Sin Tabaco y miembro de la Fundación Interamericana del Corazón, señaló que las tabacaleras han ignorado el acuerdo secretarial sobre el tema, vigente a partir del sábado, con pretextos como falta de papel o inconformidad con las medidas de los anuncios.

Las empresas en cuestión, dijo, ya han pasado por alto otras disposiciones legales que afectan sus intereses, como la ley que desde 2008 les impide distribuir cajetillas con menos de 14 cigarros o por unidad.

Además, mientras afirman no tener recursos para incluir las leyendas antitabaco, en los pasados dos años lanzaron series conmemorativas con empaques especiales que ocultan los pictogramas.

Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento) dijo que el desacato de British American Tobacco y Phillip Morris es una burla al Estado mexicano, y un mensaje de que pueden ignorar los reglamentos sin consecuencias.

Hay que frenar a la industria tabacalera, porque se ha convertido en un enemigo voraz que no respeta las leyes, y cuyas actividades provocan más de 5 millones de muertes en todo el mundo, y 60 mil en México por enfisema pulmonar y paro cardiaco.

En México hay "una verdadera guerra" contra migrantes de paso

Miembros de ONG denuncian que sufren explotación inhumana

Foro en Casa Lamm aborda el tema; participantes piden soluciones

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 43

En varias regiones de México hay explotación de migrantes con fines económicos inhumanos, denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, y director de un refugio, durante el foro que organizó Casa Lamm sobre El calvario de los migrantes en tránsito por México hacia Estados Unidos.

En el mismo, el presidente de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, Primitivo Rodríguez, advirtió también que en México hay una verdadera guerra contra los migrantes, que ha dejado más víctimas que el conflicto bélico de Irak.

En la mesa, en la que también participaron la directora de la Casa del Migrante San Juan Diego, Guadalupe Calzada, y Camilo Pérez Bustillo, del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, los ponentes dieron un panorama de la serie de violaciones que se están cometiendo en nuestro país contra los inmigrantes; analizaron el caso de los 72 asesinados en Tamaulipas e hicieron ver que el problema es mucho más severo.

En esta mesa se tocó la hipótesis de que la persecución en México a estos migrantes es ordenada desde Estados Unidos para hacer el trabajo sucio al gobierno de aquel país y se planteó la necesaria solidaridad de organizaciones de derechos humanos y civiles con estas personas en tránsito por nuestro país.

Alejandro Solalinde, quien en 2007 creo un refugio para migrantes denominado Hermanos en el Camino, y que ha sido víctima de hostigamiento e incluso de ataques de organizaciones xenófobas que lo han amenazado con incendiar su centro, señaló que la delincuencia organizada en Oaxaca ha hecho del istmo de Tehuantepec un gran centro de explotación de la industria del cachuco, que es la forma despectiva en que se denomina a los inmigrantes centroamericanos.

La insistencia de explotar al migrante de la forma que sea ha sido vigente desde hace varios años, sostuvo, y analizó los diferentes actores que inciden en que este fenómeno social inhumano esté creciendo como los narcotraficantes y en general la delincuencia organizada, pero también el involucramiento en esta situación de autoridades estatales, municipales y federales, y todo por dinero, que es ahora el moderno dios que todos siguen.

Por su parte, Primitivo Rodríguez planteó que hay una guerra contra los migrantes en nuestro país, más mortífera, en términos de números, que en Irán e Irak. De 1994 a la fecha, con el cierre de la frontera estadunidense, han muerto a consecuencia de ello en México y en la frontera sur a causa de la persecución de los migrantes más de 10 mil hombres, mujeres y niños centroamericanos, ya que eso agudizó la persecución y los abusos hacia estas personas.

A su vez, Guadalupe Calzada Sánchez, conocida como la madre de los migrantes, quien tiene en Lechería un centro de apoyo a las personas en tránsito, apuntó que en México los indocumentados no tienen voz, son invisibles y las violaciones que se cometen contra ellos quedan en el olvido; sufren maltrato, humillaciones, indiferencia cruel y asesinatos sin que haya inculpados. Pidió apoyo de la sociedad civil para mantener estos refugios, ya que no se quiere aceptar ayuda económica oficial porque se perdería el sentido de estas casas.

Camilo Pérez Bustillo, por su parte, llamó a diversas acciones, en primer término habló sobre el Tribunal Internacional de Conciencia y el Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento que se realizará en nuestro país durante noviembre de 2010 y alrededor de los cuales se desplegará una actividad de análisis y denuncia de estos hechos. Asimismo dijo que el trabajo en la defensa de los derechos de las personas en tránsito es muy arduo, ya que incluso naciones como Francia han iniciado una persecución de migrantes gitanos que va no sólo contra los derechos humanos, sino incluso contra el avance de la civilización.

Se ampara Minera San Xavier contra la inspección

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 39

A unos días de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emita su resolución sobre el cierre de la Minera San Xavier que explota Cerro San Pedro, San Luis Potosí, debido a que opera sin autorización de impacto ambiental, la empresa solicitó un amparo en contra de inspecciones del organismo, a pesar de que está facultado por ley para realizar estos procedimientos.

El 22 de septiembre fue admitido el amparo 966/2010-1 que promovió la Minera San Xavier en contra de los actos de Sergio Eduardo Herrera Torres, director general de Inspección de Fuentes de Contaminación de la Profepa. Esto ocurre luego de que del 26 al 28 de agosto, la Profepa realizó una inspección en las instalaciones de la Minera San Xavier.

La empresa canadiense, a la cual hace un año el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó que se le cancelara la autorización de impacto ambiental para continuar la explotación de Cerro San Pedro, obtuvo también la suspensión del acto reclamado, en este caso que la Profepa anule la inspección y sus efectos legales.

Esto implicaría que el organismo, cuyo titular Patricio Patrón ha señalado que la minera debe cerrar por carecer de permiso ambiental, deje de realizar inspecciones en la planta y no tenga ninguna injerencia sobre la empresa minera, informó el grupo Pro San Luis Ecológico.

Explicó que el juez federal que conoce del asunto es el primero de distrito en San Luis Potosí, José Manuel Quistián Espericueta, quien en noviembre de 2009 protegió a la minera en contra de la clausura de la planta realizada por la delegación de la Profepa.

Recordó que existe una demanda de Pro San Luis Ecológico en contra de Quistián Espericueta ante la Judicatura Federal por presuntos actos de corrupción al otorgar el amparo en noviembre de 2009 y permitir a la empresa seguir trabajando. Ante ello, demandó que el juez federal primero de distrito en San Luis Potosí se excuse de ver el caso, dado que está formalmente demandado, y se remita a otro juzgado la demanda de amparo. El 6 de octubre se convocó a la audiencia constitucional y después de ello el juez deberá emitir sentencia.

Esparza entrega a senadores pruebas de la "gran corrupción" que priva en la CFE

Acusa a Néstor Moreno Díaz de ser pieza clave en la cadena de irregularidades

Ricardo Monreal propone crear una comisión que investigue los supuestos actos ilícitos

Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Patricia Muñoz

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 14

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, entregó ayer al presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones y a los coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), Carlos Navarrete y Ricardo Monreal, respectivamente, documentos que prueban, dijo, la gran corrupción que priva en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los negocios con empresas extranjeras a las que se pretende otorgar la concesión del servicio de provisión de energía eléctrica en el centro del país.

Esparza resaltó que un personaje clave en las corruptelas que se dan en la CFE es Néstor Moreno Díaz, quien renunció, bajo total sigilo, el pasado 14 de septiembre, después que en periódicos de Estados Unidos se dio a conocer que habría recibido sobornos millonarios de la empresa sueca Asea Brown Boveri (ABB), con los que adquirió un yate que cuesta 1.8 millones de dólares, a cambio de permisos para generar electricidad.

Sobre ese tema, el coordinador del PT, Ricardo Monreal presentó una propuesta a fin de que el Senado instaure una comisión especial que investigue los presuntos actos de corrupción en la generación eléctrica a cargo de particulares, en el otorgamiento de contratos para ese fin a firmas nacionales y extranjeras, y la responsabilidad de CFE en las inundaciones ocurridas en varias entidades del país.

La sueca ABB, una de las empresas beneficiadas

En el documento, que fue turnado a comisiones, Monreal advierte que de 1997 a 2003, la CFE ha otorgado 81 millones de dólares en contratos a la empresa ABB y es sólo la punta del iceberg de las adjudicaciones ilegales concedidos a trasnacionales, que quieren apoderarse de la zona y la materia de trabajo del SME.

Expuso que en 1998 la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) destituyó e inhabilitó por 10 años a Moreno Díaz, quien reapareció, sin embargo, en la CFE. Se le acusa, expuso, de ser dueño de empresas, por medio de prestanombres, que realizan trabajos a la paraestatal.

Las consecuencias de las corruptelas en CFE se traducen en desastres para la economía nacional y un duro golpe a los bolsillos de las familias mexicanas. El esquema de triangulación que usa la paraestatal le permite recibir comisiones o asesoría simuladas para poder extraer cuantiosas prebendas a través de prestanombres o empresas creadas con un fin: realizar actividades ilícitas simulando que son empresariales.

En entrevista, Monreal expuso que el empecinamiento de la CFE en privatizar la generación eléctrica, además de quitar el empleo a los trabajadores del SME, provoca inundaciones y otros desastres en las entidades en que hay plantas hidroeléctricas, como es el caso de Tabasco.

Ello debido, explicó, a que las presas están por arriba de su capacidad, por las lluvias, y no se utilizan, ya que CFE prefiere comprar la energía que producen las empresas extranjeras que ya operan en México.

Esparza señaló que confía en que en el Senado se tome conciencia de la violación constitucional en que incurre la CFE, al convertir el servicio público de energía eléctrica en un negocio millonario de trasnacionales y de un grupo de funcionarios.

En tanto, en la mesa de negociaciones que tiene el SME con la Secretaría de Gobernación se planteó un esquema para que esta organización pueda obtener su toma de nota, es decir, el reconocimiento oficial de su comité ejecutivo; sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, es el que quiere pasar por alto estos acuerdos, señaló Martín Esparza, líder del gremio.

En entrevista, el dirigente sostuvo que el titular de la Secretaría del Trabajo ya no participa en la mesa de negociaciones, pero quiere montarse en los acuerdos en los que se avanza con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora para resolver este conflicto.

Según expuso, el SME planteó en dicha mesa una propuesta para reponer el proceso electoral y están a la espera de que se dé el visto bueno a la misma, para llevarla a cabo. Eso es muy independiente de las otras solicitudes de toma de nota que se habían pedido antes a la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, las cuales de manera sistemática han sido negadas por la dependencia.

Hizo ver que fue el propio secretario de Gobernación, Blake Mora, quien planteó que tenían que reponer el proceso electoral con los trabajadores que no se han liquidado. El nos presentó el acuerdo, lo revisamos, lo firmamos, ellos lo entregaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y esa instancia tiene que dictar el acuerdo sobre lo que nos propuso el gobierno federal.

Refirió que cuando el secretario dijo antier que se le había negado la toma de nota al SME, se refería a una solicitud que hizo meses atrás –el pasado julio–, cuando en una asamblea del sindicato se ratificó a todos los integrantes del actual comité ejecutivo a mano alzada. También agregó que si Javier Lozano sostiene que para reponer el proceso electoral deberá antes llegar a un acuerdo con Alejandro Muñoz –quien impugnó el pasado proceso electoral– es porque Muñoz siempre fue el candidato del secretario del Trabajo, al que compraron con dinero.

La reposición de las elecciones en el SME, según el dirigente, deberá llevarse a cabo sólo con los 16 mil 300 trabajadores que no se han finiquitado y dijo que ya se pidió la lista de los trabajadores que se liquidaron y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la negó. Cabe recordar que antier el secretario Lozano sostuvo que Muñoz no se ha liquidado, lo que difiere de la información que ha dado el sindicato.

Esparza comentó que con la propuesta de realizar el proceso electoral de nueva cuenta se espera llegar a un acuerdo para tener el reconocimiento oficial con base en la ley y los estatutos, y agregó que Lozano ya no está en la mesa de negociación y debe entender que quien es el jefe del gabinete es el secretario de Gobernación y éste atiende una instrucción del Presidente de la República de resolver de fondo este conflicto.

Califican el actual sexenio como el "peor" en materia de transparencia

Ha llegado al cinismo para evitar difundir datos: Carbonell

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 16

El sexenio de Felipe Calderón es el peor en transparencia y acceso a la información y existe un peligro de limitar los avances en esos temas. Se han presentado retrocesos promovidos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, señalaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialistas en la materia.

Durante el foro El derecho de acceso a la información, retos de la transparencia y seguridad nacional, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Miguel Carbonell, investigador de esta entidad universitaria, sostuvo que la administración de Calderón muestra cinismo al argumentar que por seguridad, la cual tiene obligación de garantizar, se limite el derecho a la información y la transparencia.

Recordó que durante su reciente comparecencia ante el Congreso, el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, aseveró que es riesgoso hacer público en la página de Internet de la dependencia el subsidio federal que se le da a cada agricultor, ya que estos podrían ser secuestrados.

Esta es una expresión que supone cinismo. Ahora, al manifiesto fracaso del Estado para garantizar la seguridad, se suma que el gobierno vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos el acceso a la información, señaló Carbonell.

Estamos ante un conjunto de medidas bastante contrario para la transparencia; este sexenio ha sido absolutamente pésimo para la transparencia. Es inconstitucional que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) tengan que ser verificadas por un tribunal.

El académico universitario lamentó que el Servicio de Administración Tributaria se valga de chicanadas judiciales para no acatar de inmediato las resoluciones del Ifai.

Otro retroceso, aseveró, son las reformas inconstitucionales aprobadas por el Congreso –a propuesta del Poder Ejecutivo— al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que restringe la información sobre las averiguaciones previas.

Inexistencia de derechos laborales y muerte, flagelos que afrontan periodistas en México

Lamentan en foro de la UNAM que la mayoría de medios pertenezcan a grandes empresarios

Somos la nación de América donde más se asesina a comunicadores, señala Luis Javier Garrido

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 17

En México, los periodistas no sólo son víctimas de agresiones y asesinatos, también se enfrentan a la censura de empresas de comunicación que están en manos de grandes hombres de negocios, así como a la violación o supresión de sus derechos laborales, señalaron académicos durante un foro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Luis Javier Garrido, maestro de la facultad y colaborador de La Jornada, lamentó que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, estén en manos de grandes empresarios y no dependan de los periodistas, lo que se refleja en que la gran prensa continúa respondiendo a los intereses políticos y económicos.

Indicó que, salvo algunas excepciones, los medios mantienen muchos vicios y no gozan de total libertad. Hay pocos espacios que ostentan esa libertad, a los cuales hay que defender.

La militarización –señaló–, el poder de bandas del crimen organizado y la imperante violencia en territorio nacional es el escenario en el que los periodistas ejercen su trabajo. Somos el país de América donde hay mayor número de reporteros muertos. Aunado a ello, este gremio no tiene garantizados ni tutelados sus derechos fundamentales, en particular los laborales.

Refirió que en la globalización, los periódicos cada vez están en mayor riesgo, además de que gran parte de la sociedad es cautiva de la televisión y la radio. Es la manipulación más grande del pueblo de México. Uno de los mecanismos de control de la prensa –dijo– es la limitación de publicidad oficial y privada.

Durante el foro se informó que cerca de 90 por ciento de los comunicadores del país no están sindicalizados, la mayoría son contratados por honorarios, carecen de prestaciones y a veces tienen que renunciar a sus derechos para que su trabajo sea publicado; inclusive, no hay estadísticas oficiales sobre el número de periodistas que hay en el país.

En su turno, Mylai Burgos, también profesora de la Facultad de Derecho, aseveró que los medios masivos no informan, sólo incomunican y dominan.

Recordó que México es el país más peligroso del continente para el ejercicio periodístico, pues de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2000 a la fecha han sido asesinados 65 reporteros.

Algunas estadísticas de organizaciones defensoras de los periodistas revelan que 70 por ciento de las agresiones contra el gremio son responsabilidad de funcionarios públicos, y 7 por ciento de grupos paramilitares relacionados con algún partido político.

Sigue terror de desapariciones forzadas en el país: académicos

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 17

Las desapariciones forzadas no han quedado en el pasado; el actual régimen continúa esas prácticas de terror e inhibición, señalaron abogados y familiares de víctimas de dicho delito.

Durante un foro de debate sobre el tema realizado en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Humberto Guerrero, del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó la importancia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Rosendo Radilla –desaparecido en 1974 por elementos del Ejército– para la búsqueda de la verdad en cientos de desapariciones forzadas en el país.

Esa sentencia es el primer reconocimiento formal judicial de que en México hubo desapariciones forzadas, sistemáticas y masivas en el periodo de la guerra sucia, por lo que no se trata de un caso aislado, como argumentó el gobierno de Felipe Calderón ante la CIDH, señaló el abogado.

Indicó que una vez que el organismo internacional emitió esa resolución –a finales del año pasado–, ahora el reto es lograr que el Estado mexicano cumpla a cabalidad el fallo de la CIDH.

La sentencia no lo es todo; no es un fin, es una herramienta para la justicia. Debemos adueñarnos de ella para la búsqueda de la verdad, lo que nos ayudaría a entender mucho lo que está pasando ahora.

Delito de lesa humanidad

En su turno, Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos en este gobierno, sostuvo que en el presente, las desapariciones forzadas, consideradas como delito de lesa humanidad, siguen vigentes en México. Es una forma de tormento y terror, de burla hacia los familiares. Cuando el Estado niega el hecho, es negar que existe un ser humano.

Adela Cedillo, de la organización Nacidos en la Tempestad e historiadora por la UNAM, coincidió en que las desapariciones forzadas son una forma de terror mediante el ocultamiento.

Dijo que esta práctica tiene como fin atemorizar a la población, inhibir la lucha social y minar los movimientos rebeldes. Es un delito de lesa humanidad que se ha usado de forma sistemática y se aplica selectivamente como una política de Estado recurrente contra todos los conflictos rebeldes. El Estado garantiza la impunidad al actuar en la lógica de no pasa nada.

Presenta cifras "alentadoras" y niega reuniones con narcotraficantes

Enfrenta García Luna cascada de acusaciones de diputados

Alfredo Méndez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 28 de septiembre de 2010, p. 9

La comparecencia del secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, por la glosa del cuarto Informe de gobierno estuvo enmarcada por duras críticas de diputados de PRI, PRD, PT, Convergencia y Nueva Alianza a la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado, a la que consideraron torpe, ciega y errática porque, dijeron, ha propiciado el incremento en el número de ejecuciones y de violaciones a los derechos humanos de cientos de personas desde 2006.

Durante más de cuatro horas el funcionario respondió a una cascada de cuestionamientos que fueron desde los “shows mediáticos” en casos de detención de presuntos delincuentes por la Policía Federal (PF) –exhibidos ante los medios de comunicación– hasta la evolución del patrimonio del funcionario, que incluye una casa de unos 20 millones de pesos, así como sus presuntos vínculos con capos de la droga y otras acusaciones personales.

Casi desde el inicio de la comparecencia ante la Comisión de Seguridad, y en respuesta a planteamientos hechos por el diputado del PT Jaime Cárdenas, García Luna rechazó haberse reunido con el extinto capo Arturo Beltrán Leyva.

Sostuvo que no tuvo nada que ver con la salida de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2009, del titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, a quien llamó su amigo. Aseguró que no protege a Joaquín El Chapo Guzmán, ni a ningún otro narcotraficante; indicó que su patrimonio es producto de sus 22 años de servidor público y, al contrario de la opinión de los legisladores, refirió que la estrategia anticrimen sí está funcionando y dará resultados positivos al final del sexenio.

También se reclamó al titular de la SSP federal la desprotección de alcaldes y funcionarios públicos municipales que han sido asesinados en fechas recientes en diversas entidades. De hecho, la comparecencia se inició con un minuto de silencio por la muerte de Gustavo Sánchez Cervantes, quien en diciembre fue nombrado presidente del concejo municipal de Tancítaro, Michoacán.

“No es posible que todos los días nos despertemos con una noticia como la de hoy (la ejecución de Sánchez Cervantes); esto nos habla de que no existe el control de las medidas de seguridad; es demasiado dinero el que se destina para ese rubro. ¿No será mejor invertir todo eso en educación, en salud y en mejorar el empleo?”, reprochó la diputada Teresa Ochoa, de Convergencia.

Lo único que han demostrado es que ustedes son extraordinariamente buenos para derramar sangre, expresó por su parte la petista Teresa Guadalupe Reyes. A su vez, la diputada del PRD Teresa Incháustegui indicó que mientras los recursos que el gobierno federal ha destinado al combate al crimen organizado se han sextuplicado, los índices de criminalidad se han mantenido estables en una década.

Por eso “afirmamos que la administración federal debe cambiar el enfoque de su estrategia, porque el problema de la delincuencia organizada no ha sido bien entendido ni los resultados han sido positivos. Esta estrategia sólo busca el descabezamiento de los cárteles, pero no combate su estructura financiera ni el lavado de dinero”.

Desde el inicio de su comparecencia, García Luna aseguró que en la última década los homicidios disminuyeron 0.5 por ciento, pero reconoció que a partir de 2007 la tendencia a la baja que se venía registrando se revirtió y los asesinatos comenzaron a incrementarse.

Pese a las cifras alentadoras presentadas por García Luna, los diputados de oposición señalaron que la sociedad percibe un clima de inseguridad total en diversos estados, además de que el sistema penitenciario ha demostrado ser un fracaso, según expuso la diputada del PRI María de Jesús Aguirre Maldonado.

Los temas que más incomodaron al funcionario, pues incluyeron calificativos de asesino y corrupto, fueron planteados por los diputados petistas Jaime Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. García Luna negó todos los señalamientos de corrupción y de montajes mediáticos que le hicieron.

Respecto de si soy asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar las pruebas ante la autoridad competente sobre un delito. Yo estoy a su disposición, yo sí no tendré ningún cobijo de fuero, replicó García Luna.

Interrogado por el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), de si hay o no el compromiso de pagar los sueldos caídos a las familias de siete policías federales secuestrados hace diez meses, García Luna elevó el tono de la voz y dijo: ¡No es mi culpa, así es la ley!

Demandan una reunión urgente con el gabinete de seguridad

Senadores condenan los homicidios; los municipios, en indefensión total, dicen

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 28 de septiembre de 2010, p. 10

Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Acción Nacional (PAN) lamentaron el asesinato del alcalde de Tancítaro, Michoacán, Gustavo Sánchez, quien llevaba tres meses en el cargo en calidad de interino, ya que el anterior cabildo renunció por amenazas del crimen organizado. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que peritos de su delegación en Michoacán colaboran con las autoridades estatales para ubicar a los responsables del homicidio.

En Xicoténcatl, el michoacano Silvano Aureoles (PRD) recalcó que el gobierno federal debe realmente hacer algo, porque las lamentaciones y las condolencias a los familiares de las víctimas no sirven para nada.

Pidió proteger a los municipios, que están en la indefensión absoluta. No es posible que la Federación no haya intervenido en el caso del alcalde de Tancítaro, a fin de garantizar la integridad física del joven profesor Sánchez, quien valientemente aceptó hacerse cargo de la alcaldía cuando las autoridades municipales renunciaron ante el acoso y los amagos de bandas de la delincuencia organizada, apuntó.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, manifestó: “es urgente una reunión con el gabinete de seguridad nacional –secretarías de la Defensa, de Marina, de Gobernación y de Seguridad Pública, así como la PGR– porque la violencia se ha recrudecido”.

Ramón Galindo (PAN), presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado, manifestó que si no se fortalece el municipio, el mensaje que se envía es que cada vez es más claro: que aspirar a un puesto de alcalde es ir al suicidio.

En la PGR las fuentes consultadas indicaron que la principal línea de investigación apunta a que los responsables del crimen pertenecen a la delincuencia organizada y, por ahora, se descarta que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atraiga el control de las pesquisas.

Estudiantes activistas y habitantes de San Juan Copala irrumpen en acto de la UNAM

Cambió de sede entrega de reconocimiento de miembros de la Conago por el centenario

Impugnan presencia de Ulises Ruiz y Peña Nieto; la queja, expresión plural: directivos

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Martes 28 de septiembre de 2010, p. 17

Activistas estudiantiles y pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, irrumpieron en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, donde mandatarios estatales entregarían al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, un reconocimiento que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aprobó dar a la institución con motivo de su centenario.

Con consignas que condenaban la presencia en el campus de los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz –aunque éste había cancelado su participación–, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, los manifestantes empujaron las puertas de acceso hasta que se decidió abrirlas para que ingresaran. Ahí dentro, y frente a la mirada de cientos de funcionarios universitarios, directores de facultades y centros de investigación, académicos y estudiantes tomaron el presídium para hacer oír su protesta.

Lo anterior ocasionó que el rector les pidiera primero, en las afueras de la sala, que se tranquilizaran, argumentando que este tipo de acciones le hacen daño a la Universidad. Más tarde, ya en el recinto, Narro convocó a los universitarios presentes a retirarse y suspendió la ceremonia.

Los sucesos se desencadenaron alrededor de las 18:30 horas –el acto estaba previsto para las 7 de la noche– y el reconocimiento tuvo que entregarse en un encuentro privado, en el sexto piso de la Torre de Rectoría, en el que, además del doctor Narro, estuvieron los gobernadores del estado de México, Enrique Peña Nieto; de Michoacán, Leonel Godoy; Coahuila, Humberto Moreira; Puebla, Mario Marín; Guanajuato, Juan Manuel Oliva, e Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong.

En el acto, el rector aseguró que en México tenemos la urgencia y la oportunidad de dar un nuevo sentido a nuestro desarrollo, de regresar al apego a los valores cívicos y sociales fundamentales y diseñar un modelo de oportunidades e inclusiones. Los mandatarios destacaron la relevancia de la universidad pública e hicieron una reflexión sobre el problema de falta de oportunidades educativas que enfrenta el país.

Todo comenzó frente a la entrada principal de la sala Covarrubias, adonde llegaron alrededor de medio centenar de activistas de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y Contaduría y Administración, así como habitantes de San Juan Copala –que desde hace meses enfrentan el acoso de militantes de Ubisort, que han provocado asesinatos y violaciones sexuales a mujeres– y comenzaron a gritar en referencia al gobernador Ruiz: “fuera asesinos de la UNAM… fuera el PRI de la UNAM”.

En ese momento arribó el rector. Les pidió calma, pero los activistas continuaron protestando y Narro se alejó. Empezaron los intentos de forzar los portones de cristal y el personal de seguridad UNAM, para evitar un incidente mayor, recibió la orden de abrirlos.

Con pancartas y entre coros se metieron a la sala y ocuparon el escenario en el que se había colocado el presídium. Ahí rompieron los identificadores de los lugares de los gobernadores Ruiz, Peña Nieto y Marín. Algunos de los mandatarios no estaban en el lugar, sino en una sala privada adjunta, desde la que se dirigieron a la Torre de Rectoría.

Fue entonces cuando el doctor Narro ingresó a la Covarrubias, subió al escenario y anunció, a pesar de los gritos, que el acto se suspendía. Dijo: que todos los universitarios salgan. En ese instante uno de los activistas le gritó: Rector, ¿por qué invita a asesinos a la Universidad? Otro lo secundó: ¿Qué tienen que hacer un asesino y un violador en nuestra institución?

Ante la insistencia de sus colaboradores en que se retirara del escenario, el rector respondió que sólo se iría hasta que todos sus invitados abandonaran el lugar. Los manifestantes seguían exhibiendo pancartas en las que podía leerse: “Estado de México, primer lugar de feminicidios del país”, Justicia para San Juan Copala, No más desapariciones políticas. Presentación de los desaparecidos del EPR en Oaxaca. Cuando se fueron todos, los manifestantes salieron también y realizaron una rápida marcha por la zona cultural de la UNAM, para irse luego en dirección a la Facultad de Ciencias Políticas.

Tras el incidente varios directivos de la UNAM e integrantes de la Junta de Gobierno comentaban entre ellos que ésta era sólo una expresión plural de los universitarios.

Después se informó que el acto se había realizado en las oficinas del rector. Además de Narro, hablaron el presidente de la Comisión de Educación de la Conago, Humberto Moreira, y los mandatarios de Michoacán y Guanajuato.

Frente a los gobernadores, Narro subrayó que sin la labor, creatividad y entrega de los profesionales universitarios no habría grandes avances en el país. Sin el trabajo de ellos, México no sería lo que es, nuestras regiones tendrían menor desarrollo y la calidad de vida de la población sería inferior a la que hoy tenemos.

Agregó que en 100 años la UNAM ha cumplido sus responsabilidades con el desarrollo del país, porque ha sido una institución fundamental en la vida nacional al construir la base educativa, científica y cultural sobre la que se han organizado otras instituciones similares.

En su turno, Moreira –quien entregó el reconocimiento firmado por los 32 mandatarios estatales y que la Conago aprobó otorgar por unanimidad en junio pasado– dijo que el problema educativo del país está ligado a la falta de oportunidades de competitividad y seguridad. Agregó que actualmente 36 millones de mexicanos no tienen la educación básica terminada.

Reconoció la labor de la Universidad, y subrayó que la mejor forma de evaluar la educación no es con una calificación, sino a través de la movilidad social, la cual ha sido propiciada por la UNAM.

Godoy y Oliva coincidieron en que la universidad pública es el principal instrumento para combatir las desigualdades y la pobreza. El primero recordó los aportes de la UNAM y el segundo dijo que las contribuciones de la institución han sido fundamentales para el país. En la Conago rendimos honor a quien honor merece.

Reporte del Centro ProDH

Organizaciones mexicanas denuncian ante instancias de la Unión Europea y la ONU violaciones a derechos humanos en el país

· Delegación de organizaciones mexicanas provenientes de la Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua denuncian graves violaciones a derechos humanos en México ante instancias internacionales.
· Se reúnen en Bruselas con representantes del Parlamento Europeo y la Comisión Europea y en Ginebra con representantes de la ONU.
· Demandan acotar la jurisdicción militar de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos e investigar las agresiones cometidas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Representantes de los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez y del Movimiento Pacto por la Cultura y la Impunidad expusieron ante instancias de la Unión Europea y relatorías del Sistema Universal de Derechos Humanos, con amplio interés en los temas abordados, aspectos relevantes de la situación de los derechos humanos en México. Fueron considerados, entre los múltiples asuntos: los altos índices de criminalidad en Ciudad Juárez, la persistencia de la impunidad, las deficiencias graves del sistema de procuración y administración de justicia, las agresiones y amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, la falta de investigaciones adecuadas y de labores de inteligencia para contener la delincuencia, así como el alto número de violaciones cometidas por el ejército mexicano.

Frente a la crisis de seguridad y las legítimas demandas de la ciudadanía de atender la compleja problemática, la respuesta del gobierno de Felipe Calderón ha estado centrada, desde sus inicios, en una estrategia de combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico mediante la realización de operativos conjuntos que involucran a militares y policías en diversos estados de la República Mexicana. Ante ello, las organizaciones reunidas en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, propusieron vías para favorecer una política de seguridad basada en el respeto a la dignidad humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano.

La delegación de ONG expuso los casos de abusos militares cometidos en contra de grupos marginados, caracterizados por el contexto de pobreza extrema y por las diversas violencias que los excluyen. Asimismo, argumentó que la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es una práctica sistemática que impide el acceso a la justicia y violenta las garantías de debido proceso, contraviene también a los estándares internacionales que exigen que la jurisdicción penal militar se acote a los delitos que transgreden bienes jurídicos estrictamente de la disciplina militar cometidos por elementos castrenses.

Casos ilustrativos como el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes se organizaron en la Sierra de Petatlán, en Guerrero, para defender los bosques ante la tala ilegal de los caciques y los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaas del estado de Guerrero, violadas y torturadas por el Ejército mexicano en 2002, han sido ventilados por el fuero militar y permanecen en la impunidad. En breve la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictará sentencias en estos casos. Por ello las organizaciones demandaron un compromiso firme del Estado para que éstas sean cumplidas a cabalidad. Preocupan los magros avances en la resolución del caso Campo algodonero y la situación que afecta a las mujeres de Ciudad Juárez y de otras partes de país.

Para sustentar la existencia de una crisis de seguridad fueron presentados datos contundentes sobre la gravedad de la situación imperante en Ciudad Juárez, región fronteriza: altas tasas de incidencia delictiva, torturas, reiteradas acciones cometidas por delincuentes y crueldad en la ejecución de los delitos; a lo que se suma el incremento de las fuerzas federales (policiales y militares) cuya presencia en la ciudad agudiza la falta de acceso a derechos básicos.

El sistema de justicia, perpetúa la impunidad. Conserva, pese a reformas recientes, rasgos inquisitorios y sigue siendo un instrumento empleado para disuadir y criminalizar a quienes se oponen y disienten. Se le mantiene dentro de la lógica autoritaria que no acaba de ser erradicada, es más, que parece volver a instaurarse con fuerza en la vida pública.

El contexto que expusimos y los casos documentados difieren de la información que el Estado mexicano presenta constantemente en el exterior. El soporte ofrecido por organizaciones como Misereor, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos y Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, constituye una muestra del genuino interés de los ciudadanos europeos por la actual situación de los derechos humanos en México.

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Premio Robert F. Kennedy 2010 a Abel Barrera, director de Tlachinollan

El Sr. Abel Barrera Hernández, fundador y Director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, México, recibirá el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy por sus esfuerzos enérgicos para acabar con los abusos a los derechos humanos que resultan de la impunidad que goza el ejército, y la narco-violencia.

Bajo amenazas constantes, el Sr. Barrera y sus colegas trabajan para proteger los derechos de los/as campesinos/as y los pueblos indígenas en contra de las desapariciones forzadas, la violación sexual, las detenciones arbitrarias, la intimidación, el despojo de tierras y las interrogaciones ilegales y para mejorar su acceso a los servicios de salud, representación legal y educación.

“Justicia para los indígenas de la montaña no existe, se tiene que conquistar palmo a palmo y asumiendo muchos peligros. Los que buscan una vida mejor y se organizan para hacer efectivos sus derechos, son perseguidos y asesinados”, afirmó Abel Barrera Hernández. “Con el premio que hoy nos otorga el Centro de Derechos Humanos RFK viene a refrescar nuestros suenos”.

“Nuestras amigas y amigos del Centro Tlachinollan representan un verdadero coraje en su lucha por destapar y enfrentar los abusos de los derechos humanos en curso. Al comprometerse con las comunidades más vulnerables, Abel Barrera Hernández y sus colegas se encuentran en gran peligro personal y nos sentimos orgullosos de poder reconocer su trabajo con este premio prestigioso”, declaró Claudio Grossman, Juez del Premio RFK de Derechos Humanos y Decano de la Escuela de Derecho Washington de la Universidad American.

“Al otorgarle el premio, reconocemos sus esfuerzos incansables por defender los derechos de los/as campesinos/as y los pueblos indígenas, y empezamos una alianza de largo plazo para apoyarle a él y al Centro Tlachinollan en su lucha”, dijo Monika Kalra Varma, Directora del Centro RFK de Derechos Humanos.

La Sra. Robert F. Kennedy otoragará el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos del 2010 al Sr. Barrera, en una ceremonia en Washington, D.C., que se celebrará a mediados de noviembre. El Sr. Barrera se une a los/as otros/as 41 laureados/as en derechos humanos de 24 países, como el galardonado del vigésimo séptimo premio y hermanamiento del Centro RFK.

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Esta recopilación también puede ser consultada en:
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

Constitucionalista censura la guerra de Calderón contra el narco

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 10

Para el constitucionalista Clemente Valdez, la batalla que inició la actual administración contra el narcotráfico debe hacer reflexionar sobre dos aspectos: ¿Es función de los gobiernos perseguir y encarcelar a las personas adultas que estando plenamente conscientes del daño que pueden causarles algunos productos deciden consumirlos, como es el caso del tabaco, alcohol, de las drogas clasificadas y de muchos alimentos? Y asumiendo que algunas de las drogas seleccionadas en las leyes causan daños a la salud, ¿es conveniente poner en peligro la seguridad de la población para tratar de suprimir el consumo de esas drogas?

En un documento denominado Confusión de objetivos, el especialista subraya que si hay algo que la historia nos enseña, es la frecuencia con la que los gobiernos se equivocan en sus propósitos, confunden los medios con los fines y, en la búsqueda de objetivos que consideran convenientes, desencadenan males mayores que aquellos que buscaban combatir.

Subraya Valdez que la primera obligación de los gobiernos es garantizar la seguridad de los habitantes contra la violencia.

Sin la seguridad elemental en las calles, en el campo, en sus casas, en sus escuelas, todo lo demás sale sobrando. Se trata de algo prioritario, antes que el desarrollo económico, antes que la protección contra la explotación por sus compatriotas o por los extranjeros, antes que la educación y antes que la atención a la salud.

Se trata, antes que todo, de la seguridad física, de la integridad personal de los seres humanos que forman la población contra los ataques violentos de todo tipo de grupos e individuos.

Señala en su escrito que en 1919 el gobierno de Estados Unidos, preocupado por los desastrosos efectos que causaba el alcoholismo a escala individual y familiar, y por la violencia que generaba, prohibió la producción y venta de licor. Sin embargo, 14 años después derogó la disposición, porque para aquel entonces las buenas intenciones del gobierno habían causado daños enormes a la seguridad de los habitantes, un crecimiento brutal de la criminalidad y de la extorsión de comerciantes y empresarios; secuestros, consolidación de alianzas entre grupos criminales, etcétera.

En México, enfatiza, probablemente con la mejor intención, el gobierno federal, inició una guerra contra el narcotráfico, lo que ha provocado “un incremento de la delincuencia en todos los campos, muy parecido al que se dio en Estados Unidos.

“Desgraciadamente lo que empezó como declaración de una guerra metafórica contra ciertas sustancias seleccionadas como ‘drogas’, puede desembocar en una guerra total entre grupos armados oficiales y extraoficiales que acabe completamente con la seguridad de los seres humanos que, hay que recordarlo, es la primera razón de ser de cualquier gobierno.”

Por tal razón, enfatiza, lo oportuno de las dos preguntas mencionadas, porque los gobiernos deben aceptar que hay conductas nocivas a los mismos individuos que las ejecutan, que no se pueden erradicar totalmente de las sociedades y cuya persecución oficial directa causa daños mayores que los que esas conductas ocasionan, puntualiza.

Gobernación y la SEP alcanzaron el mayor número de quejas por guardar información

Según datos del IFAI, el grueso de las solicitudes obtuvo respuesta, pero insatisfactoria

La población insiste en conocer gastos por los festejos del bicentenario y el centenario

Se insiste en que el SAT revele los nombres de los beneficiados con la exención fiscal

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 14

Las secretarías de Gobernación y de Educación Pública alcanzaron el mayor número de recursos de queja ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en agosto pasado, mientras Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicao del Seguro Social tuvieron el mayor número de solicitudes de información, con 172 y 377, respectivamente.

De acuerdo con estadísticas recientes del IFAI, de enero a la primera catorcena de agosto pasado se efectuaron 74 mil 191 solicitudes de información, equivalentes a 65 por ciento de las realizadas por los ciudadanos en 2009.

De ese total, en 5 mil 766 respuestas de las dependencias federales se declaró la inexistencia de la información; en mil 852 proclamaron la reserva o confidencialidad, mientras en 7 mil 386 ocasiones las dependencias se manifestaron incompetentes para responder preguntas o enviar copias de documentos de interés para la sociedad.

Por otro lado, no se dio trámite a 616 solicitudes, se remitieron 2 mil 137 notificaciones de lugar y fecha de entrega, en mil 645 casos se declaró que la petición de información no corresponde al marco de la Ley Federal de Transparencia, y en medio electrónico se respondió o entregó la información en 42 mil 947 casos.

Aun cuando el grueso de solicitudes de información obtuvo respuesta, ésta no necesariamente satisface al ciudadano, pues se dan casos en los cuales la información es aislada e inconexa, no se entrega todo lo requerido o se responde que no se entregará la información por estar clasificada o reservada.

Entre los temas de mayor interés para la población se encuentran los gastos que el gobierno federal ha realizado en los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, cuyo fideicomiso ascendió hace unas semanas a casi 3 mil millones de pesos, de los cuales se han gastado más de 45 por ciento.

La población también ha solicitado datos de las licitaciones federales y estatales otorgadas a empresas y sus nombres; las compras, enajenaciones, concursos, arrendamientos, prestación de servicios, costo presupuestado por cada acto conmemorativo programado. Además, el padrón de proveedores, montos pagados por honorarios, nóminas y honorarios asimilados a salarios, erogaciones por viáticos o gastos de representación, entre otros.

A las secretarías de Hacienda, Función Pública, Educación, así como al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, entre otras dependencias responsables de informar de las erogaciones del bicentenario, aunque se desmarquen, el IFAI les ha ordenado que desclasifiquen y hagan pública la información respectiva.

Otro tema de interés colectivo es el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), los contratos entregados a las empresas y su valor, las licitaciones respectivas, el monto de las liquidaciones a los trabajadores de LFC, y diversos documentos de la Comisión Federal de Electricidad sobre costos, servicios, licitaciones y otros.

Los estados financieros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de 2007 a la fecha, también se han requerido, así como datos relativos a la muerte de civiles, oficiales y elementos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico en el país.

Además, insisten en que el Servicio de Administración Tributaria revele los nombres de los beneficiados con la exención fiscal de 74 mil millones de pesos, y conocer el proceso de las licitaciones 20 y 21 del espectro radioeléctrico mexicano, esta última en beneficio de Nextel-Televisa, entre otros.

En los "pocitos" de Coahuila violan derechos laborales fundamentales

Persiste negligencia del gobierno en la regulación de minas de carbón: Cereal

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 27 de septiembre de 2010, p. 15

El siniestro de la mina Pasta de Conchos no fue un hecho aislado, sino resultado de la sistemática negligencia del gobierno mexicano en la aplicación de las leyes y reglamentos que deben regular la exploración y explotación de las minas de carbón, sobre todo de los llamados pocitos que proliferan en Coahuila, donde los trabajadores padecen condiciones que violan sus derechos fundamentales, trabajan hasta 12 horas diarias, les pagan a destajo y de su pago semanal les hacen descuentos para que tengan dinero al ser despedidos. Es decir, de su salario se pagan su liquidan y su aguinaldo; no cuentan con baños, no tienen ni agua potable ni ingeniero responsable ni mapas, nada, denunció el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal).

El 20 de mayo –denunció el centro– en el pocito Vertical 4, propiedad de Jorge García, hubo un siniestro en el que hubo un fallecimiento y se rescató con vida a Jesús García Ayala, quien fue despedido tras el accidente con mil 500 pesos por nueve años de trabajo.

La organización Familia Pasta de Conchos entregó un informe complementario sobre la tragedia que costó la vida a decenas de mineros en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual sustenta que no es un caso único, sino producto de la negligencia del gobierno mexicano en la regulación de la actividad de explotación minera.

Abundó que en el pocito Vertical 4 falleció Jesús García Ayala y se rescató a Francisco Castillo Zamora, quien empezó a trabajar en ese sitio desde los 16 año. Denunció que la mayoría de los trabajadores, traídos de San Luis Potosí, no están sindicalizados, y que hay menores de edad; que viven en una casa rentada por el patrón, quien les prometió alimentación; pero no fue así, ya que llegaron a quedarse días sin comer y tenían que pagar a la persona que les preparaba la comida.

Castillo Zamora fue internado en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nueva Rosita, donde le diagnosticaron ruptura de siete costillas y el oído izquierdo. En cuanto se agotó la incapacidad del IMSS fue despedido por su patrón, Jorge García, quien no sólo no le entregó su liquidación, sino que le descontó la semana por los gastos que había hecho por su accidente, denunció la organización.

Asimismo, el pasado 30 de julio ocurrió otro incidente en el pocito Boker, donde fueron rescatados, ese mismo día, 12 de los 14 mineros atrapados, por lo que José René Pérez Zúñiga y Marco Antonio Cruz Martínez fueron internados en la clínica del IMSS de Nueva Rosita, Coahuila. Tras una semana, fueron rescatados por sus compañeros, Ramón Sánchez Arellano y Plutarco Ruiz Loredo. Sin embargo, el primero, falleció.

El pocito Boker no tenía condiciones de seguridad ni dotaba a los trabajadores de equipo ni estaban registrados en el IMSS en el momento del siniestro; además, trabajan menores de hasta 13 años.

René Pérez Zúñiga, quien fue atendido en la clínica del IMSS de Nueva Rosita después de estar siete días atrapado en el pocito Boker, fue canalizado al siquiatra en Monclova, porque reiteradamente habla de lo que le pasó. El centro denunció que se instruyó al trabajador de que la única opción para ser pensionado era convencer al siquiatra de que había quedado mal de sus facultades.

El Cereal también señaló la responsabilidad de las secretarías del Trabajo, que no ha hecho las inspecciones procedentes; de Economía y de la Dirección General de Minas, las cuales se niegan a transparentar la información sobre las concesiones; del IMSS, que otorga pensiones miserables a las viudas de los mineros y no sanciona a los patrones, quienes permanentemente defraudan al Intituto, entre otras.