En medio de un clima de violencia desaforada,
México se estanca en el esclarecimiento de los
crímenes de lesa humanidad.
Una urgente petición
El 26 de julio pasado, Ejército Popular Revolucionario envió a la Comisión de Mediación (COMED) un documento en el que se refiere a la guerra contra el crimen organizado como "un ardid mediático para ocultar la ofensiva contrainsurgente contra el pueblo", que pretende instaurar un estado policíaco-militar, el cual sería una dictadura con rostro civil. En ese marco ubica la desaparición de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes desde hace tres años se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos, y respecto de los cuales no existen indicios firmes que conduzcan a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
En un párrafo de particular relevancia, dice el grupo rebelde:
Solicitamos con el debido respeto a la Comisión de Mediación que informe a nuestro pueblo sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales, porque en el actual marco de la estrategia de contrainsurgencia que está intensificando este gobierno con la criminalización del descontento, la protesta y lucha popular, como lo dijimos en anterior comunicado, el hilo es muy delgado y el gobierno ilegítimo de Calderón y sus instituciones es el único responsable si se rompe o no en cuanto a la solución que dé a nuestra demanda.
Es visible la premura con la que el EPR trata el asunto, pues denuncia también que se han realizado operativos en todo el país, buscando e intentando capturar a sus integrantes, y que incluso instancias del gobierno han negociado con el crimen organizados para exterminarlos físicamente. Por eso la COMED decidió responder directamente al EPR, señalando las principales dificultades que enfrenta.
Requerimientos para que funcione la Mesa de Negociación
En el mar de violencia que nos rodea, el caso de los dos desaparecidos del EPR se ha invisibilizado en la "gran prensa". Ante la cifra descomunal de 28 mil muertos en el presente sexenio, la opinión pública poco atiende el caso de dos personas desaparecidas. El hecho de que la desaparición haya ocurrido en Oaxaca, agrega dificultades, pues campea sus fueros la impunidad por los 23 asesinados en 2006 relacionados con el movimiento de la APPO.
Ese clima posibilitó que los diferentes niveles del Estado mexicano (el federal, el estatal y el municipal) se hayan desentendido de la responsabilidad que les resulta en el hecho que ocupa a la COMED, desoyendo incluso la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ésta, en su recomendación 7/2009, acepta que estamos ante una desaparición forzada de persona, lo cual tiene implicaciones tanto en el ámbito jurídico interno como en el internacional. Lamentablemente, no se ha cumplido ni en mínima parte. Por ello, en las condiciones actuales es inútil restablecer la mesa formal de negociación con el gobierno federal.
La COMED requiere señales concretas de las autoridades encargadas de investigar el caso. Y las mismas se pueden desprender de la citada recomendación. Mientras eso no ocurra, cualquier reunión formal tendría un carácter simbólico y sólo retrasará la solución de fondo.
Las limitaciones y la determinación de la COMED
Como instancia de la sociedad civil, la Comisión de Mediación carece de atribuciones legales para indagar los hechos. Su actuación se ha constreñido a tratar de saber la verdad y a buscar que se sancione a los culpables de la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Lo prioritario es que sean presentados con vida o que se haga público qué ocurre con ellos.
En el entorno de la desaparición han ocurrido graves acontecimientos, como la muerte de dos comandantes de la policía de Oaxaca y la desaparición de otro, que al parecer intervinieron en aquella. El EPR menciona nombres y señala cargos específicos.
Aliada con los familiares de las víctimas y con las organizaciones de la sociedad, y con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la COMED seguirá pugnando porque este caso se aclare y porque nunca más se vuelva a cometer la desaparición forzada de personas en México.
3/septiembre/10.
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