11/09/2011

El aumento de las desapariciones, por la colusión de autoridades con el crimen, señala el organismo



Guerrero, en uno de los momentos de mayor violencia en su historia reciente: Tlachinollan

El Ejército mantiene la lógica de imponer el orden por la fuerza y la izquierda sólo gobierna en el papel

Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Domingo 11 de septiembre de 2011, p. 7

Chilpancingo, Gro., 10 de septiembre. Guerrero se encuentra sumergido en uno de los momentos de mayor violencia en su historia reciente, en que las desapariciones, el despliegue del crimen organizado y la connivencia de las corporaciones policiacas con prácticas delictivas han dejado inerme a la sociedad, que se enfrenta a una situación compleja, sostiene Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.

Paralelamente, el Ejército –inmerso en labores de seguridad pública– mantiene la lógica de imponer el orden por la fuerza con un escaso contrapeso social para hacer frente a sus excesos.

En este contexto, Barrera considera que el desempeño de los defensores de derechos humanos se ha tornado mucho más complicado, porque ya no es sólo un frente de abusos, sino tres o cuatro donde es difícil definir si los secuestros, desapariciones o violaciones de las garantías fundamentales son cometidos por el crimen organizado o es una colusión con las corporaciones policiacas para realizar el trabajo en cuestión, en detrimento de una sociedad guerrerense temerosa.

Para el activista, la izquierda en Guerrero sólo gobierna en el papel y el discurso, porque en el fondo se mantienen la corrupción, los cacicazgos y los abusos. Hay un patrón de violencia, impunidad y violaciones a los derechos humanos muy preocupantes. Como defensores de las garantías vivimos una ilusión frustrada de luchar porque la situación mejore, mientras las condiciones se van deteriorando sustancialmente.

Cita el caso de los mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, asesinados en 2009 luego de que presuntos elementos policiacos se los llevaron de un acto público.

La Procuraduría General de Justicia del estado negó en su momento los hechos y no emitió declaración por desaparición forzada. Ocho días después aparecieron asesinados.

Barrera subraya que las desapariciones forzadas se han incrementado en Guerrero, favorecidas por la colusión entre el crimen organizado y las corporaciones policiacas que hacen difícil delimitar responsabilidades. Esta situación en la entidad –agrega– se asocia con una violencia que data de décadas. En realidad, las difíciles condiciones de derechos humanos han tenido un curso ondulante desde los años de la guerra sucia, mientras por otro lado persisten la pobreza y marginación de las comunidades.

“No es casual –enfatiza– que cuatro de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano se refieren a sucesos de Guerrero, entre ellos la desaparición de Rosendo Radilla en los 70, o más recientemente el caso de los campesinos ecologistas de Tepetlán o de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por elementos del Ejército.

Esta es parte de una historia difícil y compleja de la entidad, que también ha vivido episodios como la masacre de El Charco y el incremento sustancial de la violencia que ya no sólo golpea a luchadores sociales, sino que ahora se dirige a la sociedad en conjunto mediante la generalización de prácticas delictivas.

Todo ello, mientras en el estado se impulsa una reforma que pretende depurar las corporaciones policiacas, lo que –auguró Barrera– difícilmente traerá cambios. Eso es lo grave, porque la operación del crimen organizado se vincula con el manejo turbio y perverso que tiene que ver con el aparato de seguridad, concluye.

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