05/10/2011

El centro Tlachinollan lamenta la falta de voluntad política oficial



ONG exigen a Calderón cumplir fallo contra militares violadores


Sergio Ocampo Arista y Fernando Camacho Servín
Corresponsal y reportero
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de octubre de 2011, p. 21

Chilpancingo, Gro., 4 de octubre. La Red Todos los Derechos para Todos (TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales demandaron al gobierno de Felipe Calderón que cumpla con las sentencias emitidas hace un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas y torturadas en 2002 por efectivos del Ejército Mexicano.

En un comunicado difundido el lunes, la Red TDT y Tlachinollan recordaron que fueron notificacdas “dos sentencias contra el Estado mexicano en los casos de Inés Fernández y otros, y Valentina Rosendo y otra, en las cuales determinó que ambas indígenas del pueblo me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército en diferentes circunstancias durante 2002, a la edad de 25 y 17 años.

“Las sentencias impusieron al Estado mexicano la ineludible obligación de reparar el daño causado a ambas mujeres y sus familiares; asegurar que no vuelvan a cometerse, esto al ordenar reformas de índole estructural. Las reparaciones implican diversas acciones, incluyendo medidas de alcance en el ámbito comunitario, hasta el deber de reformar el Código de Justicia Militar y posibilitar un recurso efectivo para impugnar su intervención; la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, entre otras.

Tales medidas son inapelables, como señaló la CIDH ante el intento del Estado de recurrir los fallos al presentar solicitudes de interpretación, carentes de motivación, que a la postre fueron desechadas por el tribunal, precisan.

Este martes, en carta abierta firmada por decenas de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, dirigida al gobierno de Calderón, le solicitan su intervención urgente en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, resueltos por la CIDH en agosto de 2010 y notificados el 1º de octubre de ese año. En razón de ello, la corte ordenó al Estado mexicano reparaciones a escala individual, colectiva y estructural.

“Desde el 25 de octubre de 2010, las señoras Fernández y Rosendo entregaron a la Secretaría de Gobernación un esquema de trabajo para guiar y ordenar la implementación de las reparaciones emitidas por la Corte Interamericana. Dicho plan de trabajo se convirtió en acuerdo formal, suscrito el 15 de marzo de 2011 en la Secretaría de Gobernación. No obstante, hasta la fecha no se han presentado avances en la implementación de dichas medidas.

“Los expedientes siguen sin consignarse ante un juez a casi 10 años de ocurridos los hechos, de tal suerte que los militares que atentaron contra las dos me’phaa siguen beneficiándose de la impunidad”, señala la misiva.

Solicitamos que gire las instrucciones que hacen falta para que la implementación de las sentencias sea verdaderamente una prioridad para su gobierno, de modo que las mesas de trabajo se efectúen de conformidad con el Acuerdo de Trabajo signado... Usted (Calderón) refrendó el compromiso del Estado mexicano para cumplir los fallos del Sistema Interamericano y asumir sus responsabilidades ante víctimas de violaciones de derechos humanos.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó la falta de voluntad política de las autoridades para cumplir con sus obligaciones internacionales y promover la reparación del daño, tarea que ha recaído en las afectadas.

La CIDH fijó un plazo de un año para verificar el cumplimiento de la sentencia, y hasta el momento sólo ha habido avances muy parciales. En vez de tener una actitud práctica, hemos visto por parte del Estado una priorización nula de las resoluciones, y una voluntad de dejar en manos de las propias víctimas el proceso de cumplimiento, dijo Aguirre a La Jornada.

El activista recordó que el gobierno federal impugnó las sentencias por el caso de Inés y Valentina el 29 de diciembre de 2010, a través de solicitudes de interpretación muy cuestionables, y cuando dichas resoluciones fueron confirmadas, tardó más de 11 meses en enviar el expediente de los juzgados castrenses a los civiles.

Esto último no fue de buena fe, advirtió Aguirre, sino porque el Ejército se quedó entre la espada y la pared luego de que la Suprema Corte determinó la restricción del fuero militar el pasado 12 de julio, a propósito de otro caso que generó una sentencia de la CIDH: la desaparición del luchador social Rosendo Radilla.

En las próximas semanas, el Estado mexicano deberá informar sobre el avance en el cumplimiento de la sentencia a la Corte Interamericana, y dicho organismo a su vez someterá ese reporte a consideración de Tlachinollan, organización representante de las indígenas agredidas.

Más allá del desacato jurídico del gobierno del país, lo más preocupante es lo que esto implica en términos personales para Inés y Valentina. Ya esperaron nueve años por la justicia, y es desconcertante que Calderón prometa que va a cumplir las sentencias, pero en los hechos se desentienda del asunto, indicó.

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